En una jugada de último minuto, empujada por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Ministerio de Hacienda incluyó en la recientemente aprobada ley de reajuste de remuneraciones del sector público una serie de enmiendas a la Ley de Asociaciones de Funcionarios. Sin embargo, no se logró avanzar en otro punto sensible: la regulación de la negociación colectiva.
Dicho cuerpo normativo (Ley Nº 19.296) regula la formación de organizaciones de trabajadores en el sector fiscal, pese a las prohibiciones sobre sindicalización, negociación colectiva y huelga contenidas en el Código del Trabajo, en la Ley de Bases de la Administración del Estado y en el Estatuto Administrativo. La Constitución también prohíbe la huelga para los funcionarios del Estado. Esta ley también sirve de sustento para la conformación de la Mesa del Sector Público (MSP), que agrupa a las asociaciones de funcionarios que todos años negocian "de facto" el reajuste.
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En 1994, año que entró en vigencia la Ley de Asociaciones, se generó un número excepcionalmente alto de paralizaciones en el Estado respecto de los años anteriores, produciéndose en torno a 80 conflictos.
El mensaje del Ejecutivo respecto del reajuste que propuso cambios en la materia, establecía: "Se proponen modificaciones acotadas a la ley N° 19.296, destinadas a hacerse cargo de ciertas rigideces normativas que impiden la representación regional y provincial de confederaciones nacionales de asociaciones de funcionarios, en las regiones o provincias en que cuentan con afiliación relevante, y otros ajustes destinados a fortalecer la autonomía colectiva de las organizaciones". En ese plano, los cambios a la norma legal que fueron consensuados con la ANEF apuntan a perfeccionar materias de permisos sindicales, procesos eleccionarios y gobiernos corporativos de las asociaciones de trabajadores.
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La modificación a la normativa -clave para las relaciones laborales en el sector público- fue una de las principales banderas de lucha que venía planteando la ANEF y que después de varios años logró incluir en un protocolo de acuerdo firmado en 2015 con los ministerios de Hacienda y del Trabajo. En dicho documento también se incorporó avanzar en la regulación del derecho a la negociación colectiva en el sector público y terminar con la prohibición formal de la huelga. La ANEF trató de impulsar este tema junto con la modificación a la Ley de Asociaciones; sin embargo, no logró llegar a un acuerdo con el Gobierno ni con la MSP.
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"Eso quedó pendiente, entendemos que no hay condiciones hoy para consolidar un acuerdo respecto de esta materia. Entendemos que este es un debate de mayor envergadura, no fue posible verlo dentro de esta discusión que tenía plazos acotados y se veían tantas temáticas al mismo tiempo", dijo el presidente de los empleados fiscales, Carlos Insunza.
Desde el Ministerio de Hacienda precisaron que en la ley de reajuste efectivamente se aprobaron cambios a la Ley de Asociaciones, "consensuados con la ANEF", y respecto de negociación colectiva y el derecho a huelga, dicen que "no fue una materia que se discutiera en el marco de la reciente negociación de reajuste".
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¿Quiebre?
Los ajustes a la Ley de Asociaciones desató la molestia de la Confusam, que también forma parte de la MSP. "Una organización (la ANEF) no tuvo miramientos para anteponer sus singulares intereses sectoriales en desmedro del conjunto. Tanto es así que pese a que previo al inicio de la última ronda de negociaciones la mesa por mayoría había rechazado que la ANEF impusiera a la mesa temas propios, con la complicidad de la conducción de la CUT logró reponer sus temas en materia de regulación de la contrata y de la Ley 19.296, norma que al afectar al conjunto de las organizaciones del sector público no es posible de abordar si no es con la totalidad de los gremios involucrados, esto ya había sido concordado en orden a no incluir en la ley de reajuste y con maniobras de última hora fue repuesto", dijo Esteban Maturana, presidente de Confusam.
