Entiendo que las deficiencias del arcaico sistema inmigratorio chileno no recaen en los funcionarios del Departamento de Extranjería, la PDI o el Registro Civil que, con muchas limitaciones, hacen lo que pueden para atender a la alta afluencia de público extranjero.

Sin embargo, me parece que no es necesario seguir esperando una nueva ley inmigratoria, que reemplace el diseño prescrito por la Ley de Extranjería de 1975, para realizar mejoras al actual funcionamiento de las instituciones que atienden a la población que emigra a Chile.

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Según constaté el 8 de febrero, acompañando a mi pareja a la PDI, contar con aire acondicionado y sillas habilitadas para quienes, después de cuatro horas esperando a pleno sol, ingresan al recinto policial a realizar los trámites migratorios, es el mínimo esperable. Así también, clasificar a las personas según el trámite que realizarán, considerando que hay algunos más expeditos, sería una buena idea.

Esto, de todas formas, son sólo pequeños avances para un país OCDE que debería propender a tener servicios públicos eficientes y coordinados, eliminando un sistema que, en la actualidad, requiere que los inmigrantes pierdan tres días realizando diligencias en tres lugares diferentes, perdiendo, muchos de ellos, tres días de trabajo que, muy posiblemente, redundarán en tres días menos de salario.

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Diego Aguilar Vildoso