Actualmente, y de acuerdo a la clasificación del INE, están ocupados en la actividad "Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria", un total de 477.370 personas (alrededor del 57% de ese total corresponde a la dotación del gobierno central). Si se compara esta cifra con la de fines de 2013, el crecimiento que ha habido de los ocupados en el sector público en estos ya casi cuatro años alcanza a 17%. En el mismo período el total de ocupados por la economía nacional creció 5%; el empleo público crece casi tres veces la media nacional.

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Dado que en nuestro país está de moda que cada nueva intervención que se demanda al Estado, o que éste estima debe realizar porque entiende mejor que el resto lo que a la sociedad le conviene, implica un aumento de dotación de reparticiones existentes o la creación de una nueva, no es raro que exista una tendencia al aumento del empleo en el sector. Si tanto las reparticiones públicas existentes como las que se pretende crear pasan un análisis costo-beneficio (es decir, si son o no socialmente rentables) es tema que debería preocuparnos, pero en lo que a personal se refiere llama la atención la fuerza de su crecimiento y la aceleración que ha tenido ese aumento en 2017. En 2014 el aumento del personal público fue de 8,3% a/a (trimestre móvil nov-ene), en 2015 de 0,8%, en 2016 de -0,7% y en lo que va de 2017 (trimestre móvil ago-oct) de 10,4%.

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Ese aumento ha significado que el empleo público pase de representar el 5,2% del total de ocupados a fines de 2013 a 5,7% en este momento. Para poner esto en contexto, lo anterior implica que los ocupados en la administración pública son el doble de los ocupados por la minería, la mitad de la industria, tres veces la actividad financiera y de seguros, un punto menos que el transporte, y el doble de las actividades profesionales, científicas y técnicas, entre otros.

Posiblemente sea natural una tendencia al aumento del empleo público en el mediano plazo, pero igual que con las decisiones que cada uno toma respecto a la asignación de sus recursos, ese aumento debe ser social y no solo privadamente rentable.

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Guillermo Pattillo

Departamento Economía U. de Santiago