Una de las principales noticias que abrió este año 2018 es la recuperación del sector de la construcción, que proyecta un alza en la inversión de 2,4%, luego de tres años a la baja.
Esta coyuntura, en concreto, sumará al mercado una importante cantidad de inmuebles, en una industria que sólo en el Gran Santiago y a nivel de usados, tuvo 40.500 transacciones durante 2016.
Si bien esto es una excelente noticia para quienes nos dedicamos al corretaje de propiedades, también vemos con preocupación que como efecto secundario, eleve aún más la tasa de informalidad de nuestra industria: hoy, un 90% de las corredoras existentes en Chile operan sin RUT empresa, ni oficinas establecidas, ni responsables legales, por nombrar algunos ejemplos.
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Por ello, es urgente terminar con el vacío regulatorio de nuestro sector, que permite que cualquier persona, sin conocimientos ni experiencia, pueda ser corredor, dejando desprotegidas a miles de familias cuyas propiedades son su principal patrimonio. En ese sentido, nuestro mayor desafío es profesionalizar el corretaje de propiedades, promoviendo la autorregulación y ofreciendo nuevas tecnologías a nuestros asociados, con el fin de diferenciar a todos aquellos que hacen bien su trabajo.
Ahora bien, para lograr este objetivo no basta sólo con la autorregulación, sino que se requiere crear un sistema que resguarde los principios de buena fe, de certeza jurídica y de libre circulación de los bienes. Por esto, nuestro primer llamado es a retomar la discusión del proyecto que crea un Registro Nacional de Corredores de Propiedades, el que duerme desde hace dos años en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
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Ya que, sin duda, la informalidad del corretaje es un tema que va mucho más allá de lo sectorial, sino que más bien afecta a toda nuestra sociedad, especialmente a la clase media, legislar no es un capricho, sino que una urgencia.
Tomás Mena - Director ejecutivo Círculo de Corredores de Propiedades