Las varias consecuencias que ha generado el Caso Cascada en el ámbito normativo y regulatorio en la industria financiera podría también tener efectos en el ámbito judicial. Pues autoridades del Congreso y distintos organismos fiscalizadores ya crearon una mesa de trabajo con tal de aumentar las penas de los delitos económicos.

La instancia conformada ayer la componen el senador PPD Eugenio Tuma, la Fiscalía Nacional, la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado del Ministerio Público (ULDDECO) y las tres superintendencias financieras. Tras una primera reunión que tomó cerca de una hora se llegaron a varias conclusiones.

“No tenemos la legislación al día para penalizar. Hay una conveniencia al defraudar cuando una multa es muy baja frente al beneficio económico. Por tanto, hay que hacer una legislación y trabajar en capacitaciones de los tres poderes del Estado para que estén en sintonía con el avance de las actividades instaladas en el ámbito del crédito, las pensiones y la bolsa de valores”, sostuvo Tuma.

Lo anterior no es todo. Consultado por Pulso, el fiscal nacional, Sabas Chahuán sostuvo además que se buscan crear nuevas fiscalías especializadas en materias financieras y efectuar cambios legales con tal de que investigaciones como las de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sirvan como un material de prueba válido en el ámbito judicial, problema que quedó en evidencia en el Caso Alfa luego de que los jueces consideraran la acción del regulador como un mero peritaje administrativo.

“Planteamos la creación de fiscalías especializadas. Es importante que se cree una fiscalía orgánicamente especializada para combatir delitos económicos de gran trascendencia y, por otro lado, planteamos la necesidad de armonizar la facultada de las superintendencias, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio General de Aduanas para que lo que puedan recabar sirva para dialogar con el proceso penal con tal de que, derechamente, sirva como prueba”.

En todo caso, cualquier avance al respecto no será retroactivo, según aclaró Chahuán.

La difícil tarea penal

La iniciativa se da en medio del trabajo investigativo de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, encabezada por José Morales.

Una tarea difícil no sólo porque el fiscal debe efectuar una nueva investigación sobre el Caso Cascada, sino porque las partes que ya han presentado demandas y querellas contra los eventuales responsables del presunto “esquema” sancionado por el regulador están en plena tarea de encargar peritajes privados que aporten al proceso de Morales, encontrándose con un escaso número de expertos para ello.

Las defensas de los nueve sancionados en el caso ya han acudido a consultoras y economistas para los cerca de 28 informes privados que se presentaron en el período probatorio, sin embargo, desde el mercado afirman que son varios otros los expertos y consultoras contratados por estas partes.

Por ello, no se descarta que acudan incluso a peritajes internacionales con tal de respaldar en la arista penal los ilícitos que presume la SVS.