A comienzos de octubre el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que realizó Aldo Motta en contra de la multa cursada por la SVS, en el marco del Caso Cascada. Pero sólo hace pocos días se encuentran disponibles los argumentos que utilizó la entidad pra su resolución.

En estos no sólo se evidencia el espaldarazo de parte del TC a la Superintendencia de Valores y Seguros respecto a la constitucionalidad del proceso llevado a cabo por el regulador, sino también resultan útiles para despejar la labor del jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, quien lleva la investigación de la arista penal del caso.

La solicitud de Motta, gerente de Norte Grande y Pampa Calichera, se basó en que la SVS no fijó los hechos a probar en el procedimiento administrativo.

La respuesta del TC en su sentencia fue clara: “El presente requerimiento será desestimado. Porque no existe principio constitucional ni regla legal que obligue al órgano administrativo persecutor a emitir, en este tipo de investigaciones, un acto interlocutorio donde se fijen los hechos sustanciales y pertinentes que son controvertidos”.

Un argumento clave para la arista penal es el siguiente: “El trámite que echa en falta el requirente no es acorde con las garantías y postulados del orden penal, exigidos por este Tribunal, en punto a que las sanciones administrativas sean precedidas de una formulación de cargos, donde se precisen los hechos imputados, seguida de una oportunidad real para plantear descargos, donde la defensa pueda incluso invocar hechos nuevos o distintos -no considerados por el fiscalizador- con el propósito de desvirtuar esa acusación o, al menos, para fundamentar atenuantes”.

“Y al parecer alineada con este itinerario justo y racional, la aplicación que la Superintendencia de Valores y Seguros ha hecho del artículo 35 citado no puede tacharse, por ende, de inconstitucional”, agregó.

Si bien la resolución del Tribunal Constitucional, redactada por el ministro Iván Aróstica, rechaza el requerimiento, no se condenó al requirente por estimarse que tuvo motivo plausible para recurrir.

La Superintendencia de Valores y Seguros realizó durante cerca de dos años un procedimiento de investigación respecto de operaciones vinculadas a las sociedades Cascada de SQM.