En diciembre de 2013, AFP Habitat se convirtió en la primera administradora en presentar una querella contra los responsables en el denominado Caso Cascada. Dos años después, la AFP presidida por Juan Benavides recurrió nuevamente a la justicia, pero ahora presentando una demanda indemnizatoria contra los principales involucrados que fueron sancionados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en septiembre pasado.

La demanda está dirigida contra Julio Ponce, presidente de SMQ; los gerentes de las cascadas Aldo Motta Camp y Patricio Contesse Fica; el abogado Roberto Guzmán Lyon, y la sociedad SQYA.

La acción judicial indemnizatoria de Habitat, presentada por el abogado del estudio Philippi, Enrique Alcalde, busca una reparación por las eventuales pérdidas que se habrían generado en los fondos de pensiones administrados.

Habitat cuestiona seis operaciones bursátiles de compra y venta de acciones de las sociedades cascadas, las que están descritas en la formulación de cargos realizada por el regulador en la fase administrativa de la investigación.

Según el discurso de la AFP, en el Caso Cascada existió una falta de justificación de las decisiones sociales adoptadas por el controlador de las sociedades cuestionadas por la SVS, lo cual habría perjudicado gravemente a las mismas y, por añadidura, se afectó el valor de las inversiones desarrolladas por la administradora.

Habitat sostiene que siempre ha demostrado interés por acceder a la información de las compañías controladas por Julio Ponce, recordando que en julio de 2012 entregó documentos y solicitó a la SVS iniciar indagaciones sobre las operaciones. Desde esa fecha, la AFP ha monitoreado el desarrollo del caso y ha estudiado  acciones legales.

De acuerdo a una estimación preliminar realizada por Habitat, mediante una auditoria interna, el perjuicio a los fondos de pensiones administrados por la entidad bordearía los US$ US$11,6 millones, mientras que el perjuicio para las sociedades cascada habría sido de US$299,4 millones.

En tanto, las sociedades relacionadas, vinculadas e instrumentales -como denominó la SVS a las entidades que participaron en el esquema para transar acciones entre 2009 y 2011 que investiga- habrían obtenido una ganancia de US$392 millones, detalló la AFP en su querella contra quienes resulten responsables.

La acción civil presentada por la AFP el martes pasado es la tercera vinculada al caso.

El 29 de mayo pasado, Capital fue la primera AFP en demandar a los sancionados -incluyendo al socio de LarrainVial, Leonidas Vial- por un perjuicio cercano a los US$7 millones, afirmando que no se respetaron los estándares de cuidado, diligencia y deberes societarios, además del principio general del derecho que prohibe inferir daño, que se tradujo en perjuicio de las sociedades cascadas y consecuentemente a los fondos de pensiones administrados. Dicha demanda se encuentra en fase de comparendos.

Luego, el 30 de septiembre, AFP Provida presentó una demanda civil contra Leonidas Vial, estimando que el perjuicio contra los accionistas minoritarios fue de US$35 millones.

De acuerdo a lo informado a la Superintendencia de Pensiones (SP), el perjuicio ocasionado a los fondos de pensiones por los efectos derivados del Caso Cascada se ubica en un rango entre US$31 millones y US$44 millones. El cálculo fue elaborado a partir de las pérdidas informadas por las AFP al organismo, el análisis de las metodologías en que las administradoras sustentaron la cuantificación de tales pérdidas e información obtenida por la SP en procesos de fiscalización.