Finalmente la Contraloría General de la República optó por no intervenir en la investigación que lleva adelante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) sobre el Caso Cascada.

A dos meses de estudiar una presentación hecha por la defensa de Julio Ponce, controlador de las sociedades cascada sobre SQM, en la cual se exponía una serie de reproches al proceso administrativo del regulador, la Contraloría dispuso que por ser ésta una investigación en curso, resulta improcedente su pronunciamiento.

"Habida consideración de lo expuesto y teniendo en cuenta, además, que de los antecedentes acompañados por los peticionarios a su presentación aparece que el respectivo procedimiento sancionatorio aún no está resuelto y se encuentra en tramitación, no procede en esta etapa que este Órgano Contralor emita el pronunciamiento solicitado (…) Sin perjuicio de la revisión de juridicidad que pueda hacerse al mérito de las alegaciones que se formulen en la fase pertinente", sostuvo el contralor, Ramiro Mendoza.

La petición de los abogados Raimundo Labarca y Alejadro Parodi buscaba que el procedimiento de la SVS no siguiera adelante, "mientras no se concluya la investigación de los hechos que la originan y se hayan recabado antecedentes que permitan acusar a todos los implicados; que solo podrá reanudarse una vez que los respectivos descargos sean evacuados, a fin de que el término probatorio que se abra sea común para todos los formulados de cargos, y que el acto administrativo que indican es ilegal e inconstitucional por imponer trámites y exigencias relativas a la rendición de la prueba que no se encuentran previstas en la ley".

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