El pasado 18 de agosto culminó el plazo que impuso el Jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes, a los querellantes del caso Cascada para que enviaran sus peticiones respecto de nuevas diligencias. Seis días después el persecutor comunicó sus próximos pasos en el que es calificado como uno de los mayores fraudes de la historia del mercado de valores.

Tras conseguir la salida del fiscal José Morales de la dirección de la indagatoria, el objetivo de los querellantes, -Moneda, AFP Habitat y la Fundación Ciudadano Inteligente- apunta a prácticamente rehacer la investigación.

En esta nueva etapa, el fiscal Andrés Montes acogió la petición de uno de los querellantes y amplió el número de testigos e imputados que serán citados a declarar. Tanto así que incluye a los hijos del propio controlador de las sociedades Cascada, Julio Ponce Lerou.

Por medio de una resolución reservada -a la que tuvo acceso este medio- el persecutor comunicó a uno de los querellantes los próximos personeros que serían citados a declarar.

Se trata de Julio Ponce Lerou, Roberto Guzmán, Alberto Le Blanc, Leonidas Vial, Manuel Bulnes, Felipe Errázuriz, Pablo Guerrero Valenzuela, Pablo Baraona Urzúa, Roberto Izquierdo Menéndez, Luis Eugenio Ponce Lerou, Julio César Ponce Pinochet, Francisca Ponce Pinochet, Hernán Contreras Molina, Sergio Montes Varas, Rodrigo Zegers Reyes, Radoslav Vicente De Polo, Patricio Contesse Fica, Patricio Phillips Saenz, Andrés Nieme Balanda, Kendrick Taylor Wallace, Juan Ignacio Domínguez y Alejandro Ferreiro Yazigi.

La mirada de los querellantes sobre el desempeño del Ministerio Público en la arista penal del caso Cascada es crítica. Para los equipos legales de AFP Habitat, Moneda y Fundación Ciudadano Inteligente ha existido negligencia por parte de la fiscalía, pues a la fecha sólo existen dos formalizados, lo que es considerado como insuficiente.

Sin embargo, el vuelco que ha tomado la investigación, tras la asunción del fiscal regional Andrés Montes, es valorado por los querellantes. De hecho si bien estiman que el propio fiscal José Morales ha citado a declarar a los ejecutivos sancionados por la SVS, sus interrogatorios carecerían del grado de asertividad que se requería.

Por lo mismo una de las exigencias que ha dejado claro el fiscal Montes a los querellantes es que se pronuncien sobre cuáles puntos desean que se refieran las personas que solicitan sean interrogadas.

Las preguntas, tras ser recibidas, son guardadas por la fiscalía bajo estricta reserva.

Oficios pendientes

El trabajo del fiscal Andrés Montes ha debido ser reforzado durante las últimas semanas.

En una de las decisiones más esperadas, el persecutor desechó la solicitud de Habitat de sumar a la Securities and Exchange Commission (SEC) a la investigación.

En un escrito, al que tuvo acceso PULSO, el fiscal Andrés Montes explicó a los querellantes que la intervención de la SEC en el caso Cascada “no se vislumbra de utilidad para el esclarecimiento de los hechos”. Más aún, en una señal de apoyo a la investigación que llevara a cabo la SVS, el profesional citó la Ley Orgánica de la SVS para declinar la solicitud.

En dicho acápite se señala que es deber de la SVS evacuar los informes que le requieran los fiscales del Ministerio Público que estén dirigiendo investigaciones criminales, siempre que corresponda a materias de la competencia de la superintendencia y sea información disponible de sus archivos.

Otro de los focos que busca fortalecer en su indagatoria es la vía de comunicación que tuvieron los ejecutivos sancionados, y quienes siguen en sospecha. Es por ello que ofició a Banchile Corredores de Bolsa y Celfin Capital para que informen los números telefónicos asignados a Cristián Araya, Claudia Navarro y José Ignacio Labbé, respectivamente.

En tanto, uno de los querellantes solicitó citar a declarar en calidad de imputado a Luis Saldías Varas, quien en diversos antecedentes aparece como representante de las Cascada, como gerente general de la Sociedad SAC, y socio de la sociedad Enjoy Ltda.