Sumándose a la ofensiva que recientemente inició AFP Habitat, Moneda Asset Management pidió a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) suspender los aumentos de capital de Norte Grande y Oro Blanco, parte de las denominadas sociedades cascada con las que Julio Ponce controla el 32% de SQM.

"De consumarse los citados aumentos de capital y la posterior colocación de dichas acciones, se estará lesionando una vez más a los accionistas minoritarios de estas compañías quienes hemos sido víctimas de múltiples actuaciones dañinas en que ha intervenido el controlador, tal como ha quedado demostrado hasta ahora en la investigación conducida por esa SVS", afirmó Moneda.

Son varios los argumentos de la administradora presidida por Pablo Echeverría. De partida, se cuestionan las motivaciones de estas operaciones, que buscan prepagar un bono de Oro Blanco de US$100 millones, pero se desconoce "si existía la posibilidad de recurrir a otras fuentes de financiamiento más eficientes". No obstante, el grueso de la exposición de la compañía se refiere a la investigación que lleva adelante la SVS en el marco del Caso Cascada.

Es que de aprobarse los US$92 millones y US$120 millones con los que buscan capitalizarse Norte Grande y Oro Blanco, respectivamente, "los accionistas de ambas compañías deberíamos considerar que no existiría reproche alguno de parte de esa Superintendencia a eventuales suscripciones y pago de acciones en el proceso de colocación de las acciones originadas en los aumentos de capital. Sin embargo, tal evento sería una situación totalmente paradojal, toda vez que la SVS ha cuestionado formalmente la manera como se han administrado dichas Compañías, las que han sido sistemáticamente utilizadas para favorecer a entidades pertenecientes o relacionadas al controlador señor Julio Ponce Lerou", aseveró Moneda, agregando además que participar de estos procesos "implicaría desatender los serios reparos a conductas pasadas del controlador que esa SVS investiga, dejando expuesto a quien suscriba acciones a reproches de sus inversionistas o del propio regulador".

Con este escenario, "de procederse a la colocación de las acciones, los inversionistas institucionales como Moneda están expuestos a verse diluidos si resuelven abstenerse de cometer un acto potencialmente imprudente o, si suscriben, corren el riesgo de ser sancionados por no administrar los recursos de terceros como lo haría el buen padre de familia".

La entidad reiteró ciertas inconsistencias que habría en las memorias en las sociedades cascada y en relación a las operaciones enfatizó que "esta situación es insostenible y no puede concretarse ante un regulador que ha descubierto, por sus propias investigaciones y estudios, un sistema dañoso al interés social de insospechadas consecuencias para el mercado de capitales chileno".

NUEVA QUERELLA DE PONCE

En la otra vereda, Ponce ha seguido apuntando hacia la SVS con nuevas acusaciones.

Luego de haberse querellado por los delitos de prevaricación y abusos contra particulares, esta vez lo hizo por el artículo 23 de la Ley Orgánica de la SVS.

La acusación va en contra de todos quieres resulten responsables de no haber guardado reserva de documentos y antecedentes relativos a la investigación que el regulador de Valores lleva adelante.

La tesis que expone el abogado de Ponce, Jorge Bofill, es que en una primera instancia, el regulador infringió este deber al haber informado mediante un comunicado de prensa la formulación de cargos en contra de su representado.

Luego apunta a la divulgación del detalle de las formulaciones de cargo y, finalmente, sobre las primeras filtraciones que hubo con respecto a los descargos de Julio Ponce.

La acusación ya fue admitida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.