“Las operaciones que se llevaron a cabo el 2009 y hasta julio de 2010 ya no podrían ser sancionadas”, dijo el lunes el superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, ante la comisión investigadora del Caso Cascada.
¿Por qué? Las transacciones cuestionadas por el regulador, en el marco de dicha investigación, ya caducaron. Pues se han cumplido más de cuatro años desde entonces, impidiendo a la entidad cursar multas y/o sanciones, a pesar de la presunta existencia de delitos.
Es por esta razón que el regulador busca modificar la figura de “caducidad” reemplazándola por la prescripción administrativa, una iniciativa que Pavez recoge del proyecto que transforma la SVS en una Comisión de Valores y Seguros y cuyos detalles se conocerían este miércoles, cuando se someta por segunda vez al interrogatorio de la comisión investigadora en el Congreso.
Algo ya adelantó la autoridad el lunes, cuando manifestó su interés por modificar dicha figura, lo cual se retomaría la próxima semana. Pues la presentación que hizo el regulador ante los diputados asistentes incluye varias iniciativas orientadas a perfeccionar la SVS, y en un apartado denominado como “fortalecer autonomía y enforcement”, se habla de la posibilidad de “revisar prescripciones” en la Ley de Mercado de Valores, al “cambiar la ‘caducidad’ por ‘prescripción’ (procedimiento administrativo)”.
Los cambios.
La preocupación por la caducidad de hechos sancionables en procesos investigativos de la SVS ya era tema de preocupación.
En 2013, cuando la institución era liderada por el economista Fernando Coloma, el Ministerio de Hacienda presentó el proyecto que modifica la figura del regulador por una Comisión. Éste incorporó el artículo 62 en reemplazo del artículo 33 de la actual Ley Orgánica de la SVS, un cambio que le permitiría al regulador interrumpir los plazos en caso de haber formulaciones de cargos.
“El Consejo no podrá sancionar a un infractor luego de transcurridos cuatro años desde la fecha en que hubiere terminado de cometerse el hecho constitutivo de una infracción o de ocurrir la omisión sancionada”, dice el proyecto, sin embargo este plazo podrá ser interrumpido por “el inicio de un proceso sancionatorio, a partir de la fecha de notificación de los respectivos cargos”. También podrá extenderse por un máximo de seis meses “contado desde la fecha en que la Comisión reciba un reclamo o denuncia referidos a hechos que pudieren ser constitutivos de infracción”, en caso de que los hechos en cuestión estén cerca de cumplir cuatro años.
En todo caso, quienes conocen el detalle del proyecto, afirman que de aprobarse, los cambios en la figura sobre la caducidad no serían retroactivos.
Corte respalda a la SVS.
Una de las entidades que fue formulada de cargos por el regulador en el marco de este caso fue Citigroup Global Markets, la cual acudió esta semana a la Corte de Apelaciones con un recurso de reclamación, justamente porque las operaciones sobre las que la SVS le formuló cargos ya habían caducado.
La entidad había pedido que la Corte dictara una orden de no innovar, con el cual la SVS se ve obligada a suspender la investigación sobre dicha compañía, recurso que ha estado en boga durante las últimas semanas.
Sin embargo, éste no tuvo acogida, pues la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago denegó la solicitud, determinación que se tomó en una instancia presidida por María Soledad Melo Labra e integrada por Ana Cienfuegos y Rodrigo Asenjo.
Cabe recordar que el martes, la Corte Suprema declaró admisible un recurso de ilegalidad que presentó Leonidas Vial en contra de la SVS. Un día antes, frente a la comisión investigadora, el superintendente Pavez afirmó: “Sin poder identificar los objetivos finales de estas personas, son absolutamente funcionales la presentación de recursos ante tribunales de justicia, lo que les permite dejar transcurrir el tiempo de tal manera que una vez que resuelvan, la SVS se encuentre impedida de hacer sanciones”.