Sin la aplicación de penas de cárcel y con un fuerte debate sobre el destino de los dineros y bienes de los condenados terminó la arista penal del denominado caso La Polar, tras cuatro años de tramitación.
Ayer, el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la solicitud del Ministerio Público de decretar un juicio abreviado para María Isabel Farah, Pablo Alcalde y Julián Moreno. La lectura del fallo quedó fijada para este viernes 18 de diciembre al mediodía.
La sentencia debería ratificar el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y los querellados. En el caso de Pablo Alcalde Saavedra, ex presidente de La Polar, fue condenado como autor del delito de entrega de información maliciosamente falsa al mercado, además de lavado de dinero y declaración maliciosamente falsa. Por estos ilícitos, la Fiscalía Centro Norte pidió que sea condenado a cinco años de presidio y al pago de $220 millones, que fue lo que el imputado recibió por concepto de bonos.
María Isabel Farah fue condenada por los delitos de entrega de información falsa al mercado, uso de información privilegiada, lavado de dinero y declaración maliciosamente falsa sobre la conformación del capital de una empresa. Por estos delitos la Fiscalía Centro Norte pidió una pena de cinco años de presidio y el comiso de $228 millones que la imputada recibió por concepto de bonos más el mayor valor que recibió por medio de la venta de acciones.
Julián Moreno, en tanto, fue condenado por los delitos de entrega de información falsa al mercado, uso de información privilegiada, lavado de dinero y declaración maliciosamente falsa sobre la conformación del capital de una empresa. Por estos delitos la Fiscalía Centro Norte pide una pena de cinco años de presidio y el comiso de $258 millones, que correspondían a dineros que recibió por concepto de bonos más el mayor valor que recibió por medio de la venta de acciones.
En tanto, el ex ejecutivo Santiago Grage se sometió a la suspensión condicional del procedimiento.
Segundo tiempo
Para los abogados involucrados en el caso, se trata sólo del “primer tiempo” de un partido que ahora cambiará de estadio.
Esto, porque el fallo que leerá el magistrado Rodrigo García dará pie para que los demandantes reactiven la arista civil en contra de los condenados. En otras palabras, la disputa en las próximas semanas se concentrará en los tribunales civiles, pues siete de las seis demandas que se tramitan en tribunales permanecen suspendidas precisamente a espera del fallo en sede penal. La excepción fue la demanda que presentaran 346 accionistas minoritarios en contra de la auditora PwC y los principales ejecutivos condenados de la multitienda.
Se espera que la discusión tenga como uno de sus ejes centrales el destino que tendrán los bienes de los condenados, entre otras razones porque el Ministerio Público solicitó la prohibición a los condenados de la celebración de contratos sobre determinados bienes.
Además, en el marco del juicio abreviado celebrado ayer, la fiscalía solicitó el comiso de distintos bienes y quedarán otros restantes que no quedaran sujetos a la medida.
¿Qué pasará?
Si nadie apela en los siguientes cinco días, la resolución quedará ejecutoriada y todas las medidas cautelares que se hayan decretado se alzan. Por lo tanto, esos bienes no quedarán protegidos para los demandantes. “Hoy quien tiene en sus manos la manija de la justicia especialmente para las víctimas son los tribunales civiles”, afirmó la abogada de los minoritarios Barbara Salinas.
La pugna se fija ahora en tres áreas respecto a los recursos de los condenados. Por un lado está el comiso al que accedió la Fiscalía. A ellos se suman las medidas cautelares reales que fijará el tribunal y los $155 millones que dispuso el ex presidente de la multitienda, Pablo Alcalde, quien ofreció ese monto de manera sorpresiva en medio del juicio abreviado para reparación de las víctimas. Como el perjuicio es mucho mayor, el juez accedió a la petición del abogado de Empresas La Polar, José Ignacio Escobar, y citó a una audiencia para destinar cómo se divide esa cifra.