Cuando el mercado aún no se reponía del golpe provocado por la revelación de la FNE sobre colusión en el mercado papelero, la Corte Suprema entregó su resolución sobre uno de los casos emblemáticos respecto a la libre competencia: el denominado Caso Pollos.

En su resolución, la Suprema respaldó la multas del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) contra Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, las cuales en su conjunto sumaron más de US$60 millones. Adicionalmente, resolvió ordenar la disolución del gremio que reúne a las avícolas y aplicarle una multa a la agrupación, tal como lo había dictaminado el TDLC.

En su fallo, el máximo tribunal determinó que “las empresas acusadas, a través de la Asociación de Productores Avícolas (APA), se coludieron acordando limitar la producción de carne de pollo ofrecida al mercado nacional y asignándose cuotas en el mercado”. Con ello, decidió rechazar las excepciones opuestas por las dichas empresas.

Por lo mismo, condenó a Agrícola Agrosuper S.A. -cuya continuadora legal es Agrosuper S.A.- y a Empresas Ariztía S.A., al pago de una multa de 30.000 Unidades Tributarias Anuales cada una, es decir, US$25 millones aproximadamente.

En tanto, Don Pollo, cuya participación de mercado no supera el 6%, deberá pagar una multa de 12.000 UTA (US$10 millones).

Respecto a la APA, el TDLC sólo había pedido su disolución, pero la Corte fue más allá aplicándole además una multa de 2.000 UTA (US$1,6 millones). Del mismo modo, aunque el TDLC había impeusto a Agrosuper la obligación de consultar previamente cualquier operación de concentración en este mercado en la que participen, la Corte optó por rechazar este punto.

Tal como indicó desde un comienzo el organismo antimonopolios, el acuerdo entre las empresas, que concentran sobre el 80% de la oferta de carne de pollo a nivel nacional, consistió en proyectar la demanda futura de pollo y asignar cuotas de producción. La maniobra se gestó, según el Tribunal, a través de la asociación gremial, instancia donde existió coordinación, ejecución y fiscalización de cumplimiento del acuerdo.

Ante la decisión de la Corte, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) expresó su rechazo a este tipo de conductas, “que representan un grave atentado contra la libre competencia, generando un importante perjuicio a los consumidores y dañando la confianza en las empresas”.

“Lamentamos que hayan pasado tantos años antes de que exista una Fiscalía Nacional Económica que haya asumido en plenitud el rol fiscalizador insustituible que le corresponde en una economía abierta y competitiva como la chilena”, agregó.

La historia

La acusación se inició en 2011. Según la Fiscalía Nacional Económica (FNE), las tres principales productoras de pollo del país -Agrosuper, Ariztía y Don Pollo- incurrieron en una supuesta colusión para limitar la producción. A su vez, se les acusó de haberse asignado cuotas en el mercado del pollo, acuerdo que habría sido facilitado por la asociación gremial que los agrupa (Asociación de Productores Avícolas de Chile, APA).

De acuerdo con estos antecedentes, el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, solicitó las máximas multas que contempla la legislación para cada empresa, equivalente a 30 mil UTA. Adicionalmente había solicitado una sanción 20 mil UTA para la APA, la que fue desestimada. Además, se había solicitado la disolución del gremio, esto fundamentalmente por el rol coordinador que habría mantenido en el caso.

Tras varios años de investigación y proceso, el 25 de septiembre del año pasado, el Tribunal de la Libre Competencia emitió su resolución e impuso una sanción económica total de US$60 millones contra las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo. Además, ordenó la disolución de la Asociación de Productores Avícolas de Chile.

El tribunal acogió el requerimiento presentado en noviembre de 2011 por la Fiscalía Nacional Económica, declarando que las empresas se coludieron acordando limitar la producción de carne de pollo ofrecida al mercado nacional y asignándose cuotas en el mercado de producción y comercialización de dicho producto.

En ese momento, transcendió que el Tribunal estimaba que las avícolas habrían obtenido US$300 millones gracias al acuerdo de colusión.

Tras ello, y frente a la Corte Suprema, las tres empresas negaron haber acordado y participado en un acuerdo colusivo como el que les atribuyó la justicia. Ariztía, Agrosuper y Don Pollo explicaron durante el proceso que “la forma en cada una de ellas ha adoptado las decisiones relativas a la producción y comercialización de sus productos avícolas en forma independiente, sin afectar la competitividad”. Es más, indican que sus proyecciones de producción con distintas entre sí, por lo cual no tendría fundamento la acusación de acuerdo anticompetitivo”.

Agrosuper asegura "haber obrado de buena fe y en cumplimiento de la normativa"

La firma ligada al empresario Gonzalo Vial respondió rápidamente ante la resolución de la Corte Suprema y aseguró "haber obrado siempre de buena fe y en cumplimiento de la normativa aplicable".

Agrosuper -firma que concentraba el 55% previo a que se destapara el caso y que participa en otros mercados como carnes de cerdo, pavo y salmón- lamentó que el máximo tribunal no considerara los antecedentes que presentó.

"Lamentamos que la Excelentísima Corte Suprema no haya acogido los argumentos técnicos, económicos y jurídicos, avalados por connotados economistas, abogados y entidades expertas, con los que dejamos en evidencia los errores incurridos por la FNE en su requerimiento", dijo a través de un comunicado de prensa, y agregó: "Nos asiste la convicción de haber obrado siempre de buena fe y en cumplimiento de la normativa aplicable".

Asimismo, Agrosuper aseguró que "redoblará sus esfuerzos a fin de que su gestión continúe en la senda de incorporar los más altos estándares en la actividad que desempeñamos y que hoy rigen a nuestra sociedad".

APA acepta el fallo, pero indica que "no ha hecho más que dañar la imagen del sector"

"Consideramos que este fallo no se ajusta a la veracidad de los hechos ni da cuenta de los antecedentes presentados". Así respondió la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA) ante la decisión de la Corte Suprema.

El gremio que lidera José Miguel Ovalle Garcés defendió la labro de la agrupación. "Creemos que la decisión adoptada por la Excma. Corte representa una equivocada señal para el sector y para todas las asociaciones gremiales que funcionan en el país", puntualizó.

"Rechazamos los hechos que se nos imputan y consideramos que este proceso no ha hecho más que dañar la imagen del sector y mermar la importante labor que hemos impulsado en Chile y el extranjero", agregó el gremio en un comunicado.

La agrupación que reúne a los productores avícolas aclaró que respetan el fallo emitido por la Corte "con los repartos y juicios ya explicitados".

La APA evitó hacer referencia al futuro de la agrupación tras el fallo que ordena su disolución. Sólo se limitó a destacar el rol que tiene el gremio en la internacionalización y su contribución a políticas públicas en materia de sanidad avícola nacional.

Ariztía expresa que la multa y el fallo son injustas y desproposicionadas

Ante la resolución de la Corte Suprema, que confirma el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Empresas Ariztía declaró que acatan la resolución, pero la consideran "injusta y desproporcionada".

"Ariztía a lo largo de toda su historia ha actuado con estricto apego a las leyes, por lo que lamenta profundamente que las abundantes pruebas presentadas para demostrar su inocencia, avaladas por prestigiosos juristas y economistas nacionales y extranjeros, hayan sido ignoradas o desestimadas por completo", puntualizó la empresa ayer mediante un comunicado de prensa.

En la misma línea, la compañía ligada a la familia del mismo apellido, expresó que "además las elevadas multas que se aplican en esta resolución, representan un trato injusto y discriminatorio para Ariztía".

A pesar de los anterior, la empresa puso hincapié en que ahora concentrarán sus "esfuerzos en trabajar invariablemente para seguir contando con la preferencia de nuestros clientes y consumidores, tal como lo hemos hecho a lo largo de nuestros 80 años de historia".