Una dura presentación fue la que ayer realizó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el marco del Caso Penta, organismo que en su calidad de querellante solicitó prisión preventiva contra Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Pablo Wagner, Juan Martínez, Iván Álvarez, Hugo Bravo y Marcos Castro.

El presidente del CDE, José Ignacio Piña, señaló en su exposición que “la presencia del CDE se justifica tanto por la participación de funcionarios públicos y numerosas defraudaciones” y que “el mensaje que han recibido los miles de ciudadanos que estén siendo fiscalizados por el SII es que si eres lo suficientemente poderoso y encuentra al funcionario correcto, puede no sólo evadir impuestos, sino que también recibir devoluciones fraudulentas”.

Según Piña, el delito de cohecho se ejecuta para cometer el delito tributario, lo que “quiere decir que vamos a tener que aplicar el artículo 75 a la hora de determinar la pena y, por tanto, vamos a entenderlo como un solo hecho, y vamos a aplicar la pena mayor asignada al delito más grave”, y la verdad que si ello ocurre “llegamos a penas que van de 15 años y un día, a 20 años”.

Además, indicó que “el Ministerio Público sostuvo ayer que tenía que limitarse la relación de estos hechos por el plazo de prescripción, y el CDE tiene la férrea convicción que no se va a aplicar a estos hechos reiterados precisamente por eso, por la regla de la interrupción de la prescripción. Lo que tenemos aquí es una interrupción permanente de la prescripción por la comisión de un nuevo delito. Por lo tanto, hasta este momento, el marco en el que estamos teniendo la discusión de los delitos tributarios cometidos, es un marco que se encuentra acotado, pero no porque no puede seguir creciendo, sino simplemente porque ello no ha ocurrido todavía”.

Respecto de la utilización de forward para eludir el pago de impuestos, el presidente de CDE apuntó que “nadie siquiera puede imaginar que ahora cuando suscribe una operación de forward si el SII lo va a mirar con cuidado o no, acá se ha producido un quiebre en la confianza de este tipo de instrumentos absolutamente brutal, los que tienen que hacerse cargo aquellos que los han mal utilizado”.

Tras la intervención de Piña, se produjo una de las exposiciones más duras hasta ahora, cuando la consejera del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvitz, se refirió a los delitos de Wagner, Lavín y Délano.

Según Horvitz, en estos casos “estamos hablando de la amoralidad empresarial”, y que bastaba “analizar las declaraciones del señor Délano diciendo que Empresas Penta ha dado grandes trabajos al país... bueno, las organizaciones de tráfico de drogas también dan trabajo”, y que “no entienden acaso que la legalidad es para todos, y que hay normas que los obliga a seguirlas respecto de su conducta”.

Además, criticó la defensa que en sus declaraciones hicieran de las boletas pagadas a sus esposas. “Sus señoras eran buenas señoras que los aconsejaban en la noche, daban buenas opiniones sobre sus negocios, se justificaba que les pagaran $6 o $7 millones por eso. La verdad no sé si estas personas creen que los chilenos somos tontos o qué,  al decir estos tipos de argumentos pueriles para poder justificar este tipo de conductas que realizaron por más de 20 años”.

“Aquí no sólo puede haber un análisis económico, aquí de lo que se trata es de la afectación de la confianza pública sobre el trato igualitario imparcial que el Estado debe dispensar a todos sus ciudadanos en todos los ámbitos”, indicó la abogada.

En esa línea, afirmó que “es necesario absolutamente que se dé una señal clara, potente, a la sociedad de que aquí hay necesidades de reafirmar la vigencia de esas normas y realizar un aseguramiento cognitivo a través, incluso, de la práctica punitiva, porque también expresa indignación moral. Hay indignación moral por estos hechos, que ni siquiera son admitidos, se siguen insistiendo en las declaraciones por estas personas, señores Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, de que ellos actuaron correctamente”.

“Aquí la señal tiene que ser clara de que la ley vale para todos, especialmente para los funcionarios públicos, para quienes dicen representar el interés público”, concluyó la abogada.