CDE acusa a León Vial de usar argumentos artificiales e impertinentes

Los ecos de la histórica multa de la Superintendencia de Valores y Seguros por US$164 millones en el denominado Caso Cascada siguen generando repercusiones, y esta vez en tribunales civiles.

El abogado y procurador fiscal de Santiago (s) del Consejo de Defensa del Estado, Marcelo Chandía, solicitó al 29° Juzgado Civil rechazar una solicitud de la defensa de Leonidas Vial Echeverria, uno de los socios principales de Larraín Vial.

En el escrito, al que tuvo acceso PULSO, la entidad que representa al Fisco acusó a su contraparte de usar argumentos artificiales e impertinentes con ocasión de la definición de los puntos de prueba del proceso.

En ese contexto, el CDE apuntó sus críticas en contra de la defensa del empresario que busca revocar la multa por US$20,4 millones.

“Es el sr. Larraín quien refuta lo probado y sancionado por el procedimiento administrativo, y como consecuencia de los anterior es el sr. Larraín quien debe demostrar y probar que lo acreditado por la SVS es erróneo, y no al revés como pretende la contraria”, consigna la entidad que resguarda las arcas fiscales.

Mientras, en otro escrito presentado al tribunal, el abogado Gerardo Varela, quien representa a la corredora Larraín  Vial, respondió al CDE. “Si se entendiera que la carga de la prueba es de ella, se estaría amparando la idea de que la reclamación constituiría un nuevo juicio. Nada más falaz que eso”.

Además, insistió en que no obtuvo beneficios en el esquema del denominado Caso Cascada.

De igual forma, los abogados de Leonidas Vial impugnaron los argumentos del CDE. Marcelo Giovanazzi y Salvador Vial criticaron el énfasis que propone la entidad fiscal en la carga de la prueba.

Asimismo, se rechazó la descripción realizada por la SVS respecto a una concertación previa entre los partícipes del supuesto esquema.

Rechazo total

En el documento presentado al tribunal, el CDE sostuvo que “en el desarrollo de los procedimientos administrativos de los distintos formulados de cargos de la investigación de la SVS se presentaron siete solicitudes de invalidación, 22 de reposiciones y 14 solicitudes de suspensión del procedimiento, lo que daría cuenta de un afán por entorpecer el desarrollo de dichos procedimientos administrativos”.

A ello se agregó que “los formulados de cargos interpusieron dos acciones ante Contraloría, cuatro recursos de protección, tres recursos de ilegalidad , tres recursos de queja, dos querellas criminales, esto es, actuaciones nunca antes vista ante la SVS, y adicionalmente un recurso de inaplicabilidad”, detalla el escrito presentado por la entidad que representa al Fisco.

Todos fueron rechazados, aclara el Consejo de Defensa del Estado al juzgado.

“Esa es la realidad concreta del caso Cascada, y es la que debió enfrentar la SVS en el procedimiento a que se refiere la contraria de manera tan liviana”, consignó el CDE.

De manera más directa: la entidad que dirige el abogado Juan Ignacio Piña precisa que éste no es un reclamo de ilegalidad ni de nulidad de los actos de la SVS, como los que contempla el artículo 46 del DL. 3.538, sino el reclamo del artículo 30 de ese cuerpo legal, y por lo tanto la controversia debe situarse en ese marco normativo.