Un duro enfrentamiento se produjo ayer en la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones. Por un lado, el Consejo de Defensa, en la contraparte, el Ministerio Publico y los defensores de SQM.

El CDE recurrió al tribunal de alzada para impugnar la salida alternativa que se otorgó a la minera no metálica en el marco de los supuestos sobornos pagados a personas del entorno del ex ministro de Economía Pablo Longueira, y cuyo fin sería financiar actividades políticas.

Entre los argumentos que esgrimió la abogada de la CDE, Luppy Aguirre, para revertir el acuerdo y responsabilizar a la firma del cohecho investigado, estuvo apuntar a la gravedad de los hechos. Además, mencionó el propio instructivo del fiscal nacional, Jorge Abbott, que pidió a los persecutores buscar salidas sólo en hecho puntuales y de forma limitada.

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Asimismo, la jurista apuntó a la señal que se entregaba a la ciudadanía frente a delitos tan complejos como la corrupción y apuntó a que SQM financió "a toda la clase política" reiteradamente mediante delitos tributarios y que el acuerdo al que llegó el Ministerio Público permitiría que situaciones como esta se vuelvan a repetir en sólo seis meses más.

Aguirre sostuvo que el Ministerio Público está dando una señal de impunidad y que el que tiene dinero puede pagar para quedar libre frente a delitos y se preguntó si la Fiscalía hubiese apelado a la prescripción, por ejemplo, en un caso de asesinato múltiple.

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Cabe recordar que el acuerdo al que llegó la Fiscalía con SQM, y que fue aprobado a fines de enero por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, obliga a la empresa pagar $2.550 millones por parte de la compañía: 900 millones a beneficio fiscal y otros $1.650 millones para fundaciones.

En la otra vereda, el fiscal a cargo de la investigación, Pablo Gómez, aseguró que el ente persecutor hizo lo correcto pues las posibilidades de obtener una condena en un caso como éste eran mínimas. Además, defendió el hecho de que se cumplían todos los requisitos para suspender la causa, tanto por el horizonte punitivo que arriesga la empresa como la media prescripción.

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Finalmente, el persecutor aseguró que la causa aborda un hecho puntual que involucra al ex gerente de la empresa y un senador y no se puede hablar de corrupción masiva. Asimismo, el fiscal sostuvo que se han devuelto los dineros, que el organismo actuó apegado a la ley y que actuar de una manera distinta sería entrar en arbitrariedad. Puntualizó que la decisión de la Fiscalía de ofrecer un acuerdo permitirá lograr mucho más de lo que se conseguiría en un juicio oral.

A su vez, el abogado de la firma Hugo Rivera que la acción de suspensión ocurre en todo caso de delitos y que en el particular se cumplen todos los requisitos, entre ellos, que la firma nunca había sido condenada antes. Pero el jurista fue más allá y acusó de inconsecuencia al CDE por querer condenar a toda costa a SQM y sin embargo permitir el acuerdo Corfo-SQM.

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La Corte de Apelaciones de Santiago entregará hoy a las 13:00 horas el fallo por el recurso del CDE frente al acuerdo Fiscalía-SQM.