En duros términos se refirió el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a la reclamación de multa presentada por el gerente general de Norte Grande y Pampa Calichera, Aldo Motta. El organismo, que representa a la SVS en la justicia ordinaria, salió al paso de la reclamación del ejecutivo que busca anular la sanción cursada en el marco del caso Cascada (US$24,2 millones)

Aldo Motta expresó la semana pasada que los cargos en su contra “fueron ineptos, imprecisos y vagos”. Frente a esta imputación, el CDE salió en defensa de la SVS y argumentó que en más de 300 páginas se fundamentaron claramente los cargos contra el ejecutivo: “En tal sentido, lo que parece ser es que el reclamante (Motta) borra del mapa dicha sección de la formulación, siendo ésta la única manera de comprender su reproche acerca de la vaguedad, ineptitud e imprecisión”.

Frente al argumento emitido por el gerente general relativo a que su prueba no fue ponderada en el transcurso del proceso, el CDE se lanzó en picada contra dicha tesis, sosteniendo que  la reclamación del ejecutivo fue incapaz de “indicar las pruebas que no habrían sido analizadas” por el regulador, tachando la argumentación como “críticas vacías, sin fundamento cierto y concreto”.

Criticas gremiales

Pero la réplica del CDE no sólo cuestionó el actuar de Motta en el Caso Cascada. El escrito de 85 páginas también dedicó un par de párrafos a cuestionar la resolución de amparo del Consejo General del Colegio de Abogados. Esto luego de que el gremio acogiera la reclamación del abogado de Motta, Germán Pfeffer, sobre vulneración de sus derechos profesionales y de su cliente. El CDE fustigó los dichos del gremio relacionados a que la “SVS habría provocado una contienda mediática” en el caso. También recordó una carta enviada por el propio superintendente de Valores, Carlos Pavez, al organismo gremial en la cual expresaba su disconformidad frente al actuar del colegio tras la alegación de Pfeffer.

“La resolución del consejo fue dictada sin oír la versión de la SVS, es decir, en una manifiesta transgresión al principio de bilateralidad de la audiencia, sin que nada diga el reclamo al respecto”, dijo el CDE.

En su reclamación, el gerente  general de Norte Grande y Pampa Calichera solicitó que se acoja su demanda y pide dejar sin efecto la resolución reclamada, o en subsidio, ordenar que el proceso “se retrotraiga al estado en que autoridad no inhabilitada dicte las resoluciones que en derecho corresponde en relación a las diligencias probatorias que han sido negadas”. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado expresó que el hombre de confianza de Ponce Lerou hizo un “aprovechamiento del procedimiento de reclamación de la multa, toda vez que de manera exprofesa incorpora un sinnúmero de elementos tergiversados esperando que, por el exiguo del plazo de la respuesta, alguno de ellos quede sin contestar de forma de parecer que se han vulnerado sus derechos”.

El consejo rechaza que Motta haya calificado su sanción como confiscatoria. Dice que las sanciones atienden a la gravedad de los hechos y sus consecuencias en el mercado, calificando el Caso Cascada como un de los más “Grandes Fraudes” de los últimos años.