En diciembre se realizará la Conference of the Parties (COP 20) de UNFCCC (Convención para el Cambio Climático de las Naciones Unidas) en Lima, como preparación de la negociación que se realizará en la COP 21 en París, en noviembre del 2015. En la COP 21 se buscará lograr un acuerdo global y vinculante que involucre a todos los países para la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero por primera vez en 20 años.

En esta negociación Chile deberá esbozar su estrategia en este tema, para lo que deberá tener en cuenta que solo representamos un 0,3% de las emisiones globales de GEI y que no nos encontramos en la misma posición de desarrollo que los principales emisores.  Esto nos obliga a ser cautos al insertarnos en el contexto del objetivo global, pues no somos relevantes en el aporte de reducción y podría resultar muy caro para el país.

Recientemente la OCDE reconoció que Chile ya ha hecho esfuerzos por la mitigación de dichos gases a través del informe “Effective Carbon Prices” de 2013. La OCDE realizó una revisión de los costos en que incurren los países miembros en la reducción de gases efecto invernadero por la implementación de políticas en diferentes sectores de la economía. En el caso de Chile se revisaron los sectores de electricidad, transporte, celulosa, cemento y residencial, siendo los sectores con mayor reducción el transporte y generación de electricidad.

Los costos de abatimiento de emisiones para Chile en el sector generación se estiman en alrededor de 0,05% del PIB, lo que supera a Australia, Brasil, Corea y Japón. La OCDE estima que Chile ha abatido en promedio un 10% (5,6% a 14,4%) de las emisiones que habría incurrido respecto del BAU (Business as usual), a través de las políticas aplicadas en el sector eléctrico, siendo la más relevante la Ley ERNC 10/24, lo que según el estudio equivale a un costo de abatimiento de 13 a 65 Eur/ton de CO2.

En el sector transporte, el estudio estima que la reducción de emisiones ha sido en promedio de 15% (8% a 22%) del escenario BAU, calculado a partir de políticas de impuestos a los combustibles y de la reducción inducida de demanda, lo que equivale a un costo de abatimiento de 36 a 38 Eur/ton de CO2.

Así, Chile se presentará en un contexto en que ha realizado voluntariamente reducciones relevantes en sus emisiones y a costos significativos para la realidad de nuestro país. ¿Cómo debe plantearse Chile en las próximas COP con miras a un acuerdo vinculante?

Debemos definir nuestro objetivo estratégico en esta materia, el cual debe basarse en el crecimiento con equidad para superar la pobreza, mejorar el sistema educativo y de salud. Se hace necesario que el objetivo sea el crecimiento económico activado por la disponibilidad de energía a precios competitivos. Siendo relevante el sector eléctrico, se debe homologar el concepto de energía renovable, respecto de la cual, todos los países de la OCDE incluyen a la hidroelectricidad como una fuente de energía renovable independiente de su magnitud, y se debe incluir en él a todas las fuentes que sean carbono neutral, como por ejemplo la cogeneración eléctrica.

La negociación de Chile debe estar condicionada a un acuerdo global vinculante, e incluir en el acuerdo las reducciones voluntarias ya realizadas respecto al BAU, y no avalar una nueva línea base que nos deje en desventaja.

Se deben priorizar mecanismos de abatimiento costo-efectivos, evitando medidas como los impuestos al carbono que se han mostrado como las medidas más caras, de baja efectividad y con efectos regresivos para mitigar emisiones de carbono. En el sector eléctrico, las medidas más efectivas son el desarrollo del potencial hidroeléctrico de la zona sur del país junto a nueva generación térmica eficiente. A lo anterior, se debe agregar el incentivar la investigación y desarrollo aplicada en tecnologías de generación convencional con menores emisiones de carbono, donde la termoelectricidad tiene un rol muy importante, como vía de adaptación para el cambio climático en el largo plazo.

*Profesor Magíster Economía Energética, UTFSM