El Ministerio del Interior solicitó ayer a Carabineros realizar una investigación administrativa "inmediata", para esclarecer las denuncias informadas por el propio Ministerio Público y que motivaron la decisión del organismo de no perseverar en la indagación de la denominada "Operación Huracán".
Fue la propia Fiscalía de La Araucanía la que decidió cerrar sin culpables la investigación en que el Ministerio Público imputó a ocho personas como presuntos responsables de una serie de atentados en la Novena Región. Entre estos se encontraba el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y donde el Ejecutivo incluso se querelló.
[ze_adv position="adv_300x100" ]
La determinación del fiscal regional Cristian Paredes se sustenta en que, según peritajes elaborados por la propia Fiscalía Nacional, las presuntas conversaciones vía WhatsApp en que los imputados se habrían puesto de acuerdo para coordinar los ataques, pudieron haber sido implantadas en los celulares de los imputados por personal de inteligencia de Carabineros.
En tanto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, se refirió a la querella presentada en contra de funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar), por parte del fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, quien acusó a los uniformados de crear un "montaje" para perjudicarlo a él y a una de sus abogadas asistentes, porque no accedió a realizar acciones fuera de la ley durante las pesquisas de la "Operación Huracán".
[ze_adv position="adv_300x250-A" ]
El jefe del ente persecutor señaló que "nos parece gravísimo e inédito desde la reforma" lo ocurrido y calificó el hecho como una "irregularidad gravísima". No obstante puntualizó que "más que entrar en duda todo el sistema, lo que entra en duda es la información proveniente de la ley de inteligencia".
