Ha pasado menos de un año desde que Fitch Ratings rebajó la nota crediticia a Codelco, como consecuencia del recorte que realizó a la deuda de Chile. A mediados de agosto del año pasado la agencia empeoró la clasificación desde "A+" a "A", argumentando que aquello se debía sólo al cambio en la nota de su controlador. Siete meses después, la agencia realizó un nuevo recorte. Y otra vez, dejó entrever que aquello no respondía a un empeoramiento de las condiciones de la estatal. Quedó un escalafón por debajo de la nota que actualmente tiene la deuda soberana chilena.
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La razón argumentada por la agencia extranjera fue un cambio metodológico que aplica a las entidades relacionadas a gobiernos. Con el nuevo mecanismo, la relación entre las empresas y el Estado es medida -entre otros- según el impacto del primero en los ingresos del segundo. Se establece que si el organismo que se clasifica cumple un rol estratégico para el país, podría afectar el nivel en el que el gobierno intervendría en caso de un impago. Para que un emisor tenga el mismo rating de su controlador soberano, debe generar el 10% de los ingresos fiscales. Sin embargo, la estatal generaría cerca del 5% de los recursos de acuerdo con los cálculos de Fitch.
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Es cierto que las mediciones de rating por parte de las agencias clasificadoras utilizan métricas conocidas y establecidas. No obstante, la rigidez que suele acompañar estos criterios pueden jugar una mala pasada. El mejor ejemplo es lo sucedido con Codelco. ¿Alguien realmente cree que el Estado chileno no cumplirá con los compromisos financieros de la minera? ¿Acaso subiría el compromiso del fisco chileno si representara 10% de los ingresos? A la metodología de las clasificadoras de riesgo le falta un ingrediente no menor en su métrica, y dado el impacto que tienen sus notas soberanas o a las empresas, sería conveniente que consideraran otros insumos a la hora de realizar sus evaluaciones.
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