La Unión Europea acaba de celebrar 60 años de fundación, con la firma de un renovado acuerdo en Roma. Una celebración que, sin embargo, será empañada por el inicio oficial del divorcio con el Reino Unido. La primera ministra británica, Theresa May, se alista a convocar este miércoles el Artículo 50 de la constitución europea. Este establece la posibilidad de que un país solicite abandonar el bloque y fija para ello un plazo de dos años para las negociaciones.
May anunció que su carta al Consejo Europeo establecerá el tono de las futuras relaciones que Gran Bretaña quiere mantener con la UE, como una nación "próspera, abierta y global". La pregunta es cómo reaccionará el bloque europeo. Esto es algo que sus 27 miembros discutirán en la cumbre del 29 de abril; y después de la cual se pronunciarán sobre los principios (o más bien condiciones) que guiarán las negociaciones con su ex socio.
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Hasta ahora, lo único cierto es que las negociaciones serán duras, tortuosas y burocráticas, para ambas partes. Con la separación o Brexit, los ciudadanos británicos ya no serán europeos, las empresas europeas ya no podrán vender sus productos sin aranceles, ni regirán las mismas normas sanitarias, aduaneras y comerciales para los bienes y servicios que se transen entre ambas partes.
¿Qué está en juego?
En el caso de UK, el acceso a un mercado de 500 millones de personas, con un PIB en conjunto de US$13 billones (millones de millones) y que hoy consume 44% de sus exportaciones. Un cuarto de éstas corresponde a servicios financieros. Para la UE como conjunto el impacto comercial no sería tan alto, considerando que el intercambio comercial con UK alcanza apenas 3% de su PIB. Pero de manera puntual, Alemania, Holanda y Francia, principales proveedores europeos para la isla británica, sufrirían un golpe considerable en sus industrias exportadoras. Hasta ahora, las empresas del bloque, sin importar su origen, pueden comerciar sus productos y servicios sin pagar aranceles. A menos de que se logre un acuerdo que mantenga el libre comercio entre ambas partes, similar al que la UE tiene con Noruega o con Suiza, las empresas enfrentarán aranceles y otros costos, como trámites aduaneros.
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Al final de la cadena están los consumidores, que verían encarecidos productos y servicios. Según Rabobank, serán los alimentos la categoría donde se sentirá más el alza de precios: el país importa el 60% de su consumo.
También está en duda la situación en que quedarán los 3,2 millones de europeos que viven en UK, y los 1,3 millones de ciudadanos británicos en países de la UE. Hasta ahora, como ciudadanos de la UE, todos tienen acceso a permisos de residencia, trabajo, educación, salud y beneficios sociales, en el país en el que residen. Los expats se preguntan qué pasará con sus aportes previsionales, con su cobertura de salud, e incluso si tendrán que aplicar a permisos de trabajo y visas como ciudadanos de países no europeos. Theresa May ha abogado porque se mantengan los derechos de los expats actuales, independientemente del acuerdo que se cierre entre la UE y UK.
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Por último, está en juego el propio futuro de la UE. El gran temor en Bruselas es que otros países sigan los pasos de Londres. El presidente de la Comisión Europea, Juan Claude-Juncker, admitió que esta podría ser una tentación real para otros países. Esto, admitió, supondría "el fin" de la UE.
¿Divorcio amigable o quiebre?
Quienes apoyan el Brexit aseguran que esto permitirá a Inglaterra, no solo recuperar su soberanía en temas de seguridad y migración, sino desplegar todo su potencial económico. El temor a que tengan razón hace que no sean pocos en los pasillos de Bruselas que estén a favor de "castigar" a UK, negándole la posibilidad de un acuerdo estratégico con la UE en el futuro. "Las negociaciones serán muy duras, porque tanto en Gran Bretaña como los 27 de la UE están priorizando las posiciones políticas. Pero en el largo plazo, cuando ambas partes hayan entendido que una separación abrupta no es buena para nadie, comenzarán a trabajar en construir una relación más cercana", afirma Charles Grant, director del Centro para la Reforma Europea, con sede en Londres.
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Los escenarios posibles que se han planteado hasta ahora son tres: un estatus preferencial, en el que se mantiene el acceso al mercado único europeo y otras prebendas de los países miembro; un TLC entre el bloque europeo y UK; un quiebre total. Esta última opción obligaría a que las relaciones comerciales entre ambas partes se rijan solamente bajo las reglas de la OMC.
Analistas y políticos contrarios a la separación abogan por lograr un estatus de "miembro preferencial" o, a toda costa, evitar lo que se ha denominado "hard Brexit". Según cálculos del Tesoro británico, este escenario provocaría a las empresas pérdidas por unos US$82.000 millones anuales, lo que reduciría el PIB del país entre 5,4% y 9,5% en los próximos 15 años. Los cálculos del think tank Open Europe, que ha estado desde el principio a favor del Brexit, son menos dramáticos y apuntan a un crecimiento 2,2% menor hacia 2030. Es más, el think tank sostiene que, si el Brexit va acompañado de un TLC con la UE, y tratados similares con otros grandes mercados (EEUU, India, China), el país crecería 1,6% más en el mismo período.
¿Quién paga la cuenta?
Como en todo divorcio, hay costos que pagar. Por ser miembro de la UE, UK ha contribuido anualmente al presupuesto del bloque, ha financiado programas económicos, políticos y sociales. Un informe del parlamento inglés señala que el año pasado el aporte neto del país a la UE alcanzó los 10.800 millones de libras esterlinas (unos 12.500 millones de euros) . Un monto que, según Barclay, podría ayudar a impulsar el crecimiento de UK, pues permitiría una redistribución del presupuesto y el financiamiento de reformas necesarias para aumentar la productividad.
Pero Bruselas plantea que, al momento de separarse de la UE, Londres tendrá una deuda pendiente, por presupuestos y gastos en programas ya comprometidos, ascendería a unos €60.000 millones. Juncker aseguró que no se trata de una "multa", sino de los compromisos ya adquiridos por Londres. Obviamente, May y su equipo negociador tratará de bajar la cifra. En el borrador de las directrices para la negociación, la UE plantea incluso demandar a Gran Bretaña ante La Haya, de ser necesario, para exigir el pago.
¿Quiénes lideran las negociaciones?
Cuando Theresa May advirtió a la UE que no aceptarán un "mal acuerdo" no fue espontánea. Analistas y políticos en Londres atribuyen su declaración a la estrategia diseñada por el ministro David Davis, actual secretario para la separación de la Unión Europea. Davis, de 68 años, es un político conservador, descrito por la BBC como "seguro de sí mismo" y de tendencia a tomar "riesgos calculados". Una característica por la que se hizo famoso desde que se ganó el respeto de la élite de su partido al caminar sobre un acantilado en un castillo medieval. Todo a paso seguro y con las manos en los bolsillos. Curiosamente, Davis fue uno de los promotores de que los tories apoyen el Tratado de Maatstricht, que dio forma a la actual UE. Sería Davis el que estaría detrás de la estrategia de "golpear la mesa", sorprendiendo a Bruselas, con la idea de que podrían optar por no negociar ningún acuerdo.
Del otro lado estará el francés Michel Barnier, jefe negociador de la UE para el Brexit. Barnier, de 66 años, ha sido comisionado y diputado europeo gran parte de su carrera. Miembro del partido Los Republicanos desde 2015, Barnier ha planteado desde ya la disposición de su equipo a que las negociaciones conduzcan a algún tipo de alianza con Gran Bretaña, incluido un TLC. Sin embargo, ha dejado en claro que, por ahora, su mandato es negociar los términos del Brexit.
