El estado chileno tiene un compromiso voluntario ante la asamblea de Naciones Unidas: reducir un 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI o CO2 equivalente) al año 2020. Una pregunta legítima de hacerse es ¿cuánto es eso? Y hay más: ¿quién y cómo lo va a hacer exactamente? ¿Cuánto cuesta?
Las preguntas son obvias, pero las respuestas toman un largo tiempo y procesamiento de información. Justo para eso es que desde hace dos años se está desarrollando el proyecto MAPS (Mitigation Action Plans and Scenarios) que es un plan que implementó Sudáfrica, justo para responder a las mismas interrogantes, pero para la realidad de su país.
Como el modelo resultó eficiente, varios países lo han importado para hacer sus propias evaluaciones, hechas en base al trabajo de un equipo multidisciplinario de expertos. Ellos recaban información y la ponen a disposición del país, con el objetivo de diseñar las políticas necesarias no sólo para cumplir estos compromisos internacionales, sino para tener un plan de acción para enfrentar de la mejor manera posible los efectos que supone que el cambio climático.
Tras dos años de trabajo, el equipo de MAPS Chile acaba de terminar la primera etapa: definir la línea base respecto de la que se haría el cálculo del 20%. Es decir, estimar las emisiones que el país tendría al año 2020 sin mediar ninguna política de mitigación, tomando como punto de partida el año en que se adquirió el compromiso: 2007.
Al año 2006, según el primer inventario de emisiones, Chile emitía 60 millones de toneladas de CO2. Y la misión de MAPS fue preguntarse "¿cuánto emitiría Chile al 2020 si...?" y aquí es donde interviene la parte de los distintos escenarios. Por ejemplo, en el año 2007 no se sabía que vendría la actual crisis económica europea. Así que el PIB se convirtió en una de las variables para construir estos escenarios. De modo que cuando el PIB es optimista, eso se traduce en crecimiento económico, hay también mayor cantidad de emisiones por un mayor trabajo de las industrias. Al revés, en crisis, el PIB baja y también se reducen las emisiones.
De esta forma, MAPS entregó un espectro de posibilidades. Chile emitiría al 2020, sin ninguna medida de mitigación, entre 120 y 150 millones de toneladas de CO2, aproximadamente.
Ahora, el equipo trabaja en la siguiente etapa: ¿qué medidas de mitigación habría que aplicar para reducir las emisiones y cómo afectarán ellas a todas las industrias comprometidas y, en consencuencia, a las personas que vivimos en Chile?
Para eso es que la ministra María Ignacia Benítez le dio el mandato al equipo de generar reuniones permanentes con el mundo privado, como lo explica Fernado Farías, jefe de la oficina de cambio climático del ministerio de Medio Ambiente y miembro del equipo MAPS Chile. "Nos pidió ir a reuniones en la CPC, en el Consejo Minero, para presentar esto. Ella entiende que esto es un tema estratégico y no sacamos nada con conversar entre nosotros, si no ocurre la mitigación, si las grandes empresas eléctricas, por ejemplo, no escuchan esto".
De hecho, otro de los aspectos de este programa de trabajo, es que participan siete ministerios y Hacienda ha tomado un rol muy activo, pues quiere saber los efectos que tendría en la economía aplicar distintas políticas de mitigación. Y tan fino están hilando, que están trabajando con un grupo de expertos polacos que creó un sistema de modelamiento matemático que permite poner varios ingredientes en la ecuación y ver los posibles efectos que tendría, por ejemplo, la aplicación de un impuesto al carbono.
Ahora, lo que sí ya es claro, es que el carbono va a tener un precio. Así lo explica el economista José Miguel Sánchez, integrante del equipo ejecutivo de MAPS. "Tiene que haber un precio al carbón y hay distintas maneras de hacerlo y en eso estamos trabajando".
MAPS debe entregar a fin de año sus propuestas de mitigación (ya dialogadas con todos los sectores), para que la autoridad tenga los elementos de juicio para definir políticas. Y con eso supuestamente debería cerrarse el trabajo del equipo. No obstante, MAPS Chile trabaja en la continuidad de su trabajo más allá de la próxima elección, pues la información generada por este proceso, será de utilidad para el país, más allá de quién gobierne.