Conflictos que han puesto en jaque el desarrollo de negocios en América Latina

Con una variedad de recursos naturales, América Latina  es una región donde la actividad primaria ha sido foco de negocios a través de la historia. Sin embargo, a partir de la década de los 90, este mismo hecho ha estado sujeto a conflictos. Conflictos que cada vez escalan más a la judicialización, sobre todo considerando que muchas veces se ven involucrados recursos que destacan por ser estratégicos para los países, pero también para su gente,  como es el caso del petróleo, agua, minerales  y gas.

Este aumento en la conflictividad en América Latina empezó a generar   una cantidad relevante de proyectos que han sido paralizados, o bien un desarrollo mucho más lento. Además de provocar un incremento considerable de los costos para estos. “En efecto, durante los 90 pero incluso en la actualidad en diversas regiones, se consideraba que los proyectos mineros, energéticos o productivos, por el hecho de generar empleos y actividad económica eran beneficiosos para las comunidades locales. Pero los hechos han demostrado que esto sólo es verdad si los proyectos se diseñan con la intención de aportar a un desarrollo sustentable”, señala Raúl O’Ryan, director del diplomado Gestión Sustentable de las Organizaciones de la UAI.

De acuerdo al atlas Ejolt (’Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade’), herramienta que recoge los conflictos socioambientales en el mundo, Latinoamérica presenta el mayor número de casos documentados, con 339. De ellos, 35 pertenecen a Chile, uno de los países con mayor tasa de conflicto junto a Argentina con 36; Perú con 33; y Brasil con 64. De acuerdo al mapa de conflictos, en América del Sur, predominan los problemas a partir de la explotación minera y por la construcción de infraestructura para la extracción. Mientras que en nuestro país destacan conflictos como Alto Maipo, Caserones, Los Pelambres y Pascua Lama, entre otros.

De acuerdo al académico de la UAI, una de las razones por las que este tipo de conflictos se concibe es  porque “hay una comunidad crecientemente informada y conectada, que no es invitada a involucrarse en el diseño  de los proyectos que la afectan, que ha perdido la confianza en que los estos efectivamente cumplan con los impactos prometidos, y no reconoce al Estado como un garante de sus derechos, prefiere evitar el desarrollo de los proyectos. Para ello se buscan vías de oposición diversas, una de las cuales es aprovechar los propios mecanismos que da la ley, lo que lleva a la judicialización”.

Así mismo, hay muchas constituciones en el mundo, más de 60, en que se garantiza el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, un valor que se leía como muy bueno, en la práctica ha generado que muchos proyectos terminen en tribunales dado que se contraponen  las ideas de una empresa con los derechos de las personas.

Proyecto Conga

Uno de los casos más relevantes en Perú es el proyecto minero Conga, ejecutado por la empresa Yanacocha. En marzo de 2011, la minera presentó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Minas  Conga que comprendía una embergadura de 25.000 hectáreas y una extracción de cobre cercana a las 90 mil toneladas  y entre 13 y 22 toneladas anuales de oro.

Con el fin de sacar el oro, se destruirían las lagunas más grandes de la zona. Entre ellas la Chailluagón y El Perol. A cambio de ello, la minera compensaría con cuatro reservorios o represas. Para extraer la gran cantidad de rocas que tienen el oro, primero se tiene que retirar la vegetación y el suelo orgánico que almacenan el agua; por lo tanto, la esponja hídrica o colchón acuífero desaparecería, además de las lagunas y gran parte del ecosistema en que están situadas.

Con una inversión cercana a los US$4.800 millones, en octubre de 2011, nueve piezas de maquinaria pesada fueron quemadas, lo que dio inicio a la manifestación en contra de este mega proyecto, a lo que posteriormente se suman protestas de pobladores; ministros viajando a la zona de conflicto; un paro regional en contra del proyecto minero; la intervención del Presidente Humala; suspención temporal de obras; estado de emergencia en cuatro provincias; salen del gabinete los ministros de Ambiente, Energía y Minas. En febrero de 2012 se realiza la marcha del Agua en que luego de 14 días llegan caminando a Lima; se hace un peritaje al informe de impacto ambiental; en julio de ese año 4 manifestantes mueren en enfrentamientos con la policía. Todo esto dio como resultado la paralización de obras que al día de hoy no se retoman.

Muchos sostienen que este caso ha marcado un antes y un después en la forma en que se deben enfrentar los conflictos socioambientales en el mundo de la minería.

Rodrigo Subiabre, vicepresidente de optimización de activos de Anglo American Chile señala que los conflictos socioambientales en la región “se deben a que en los últimos diez años ha existido una visión de corto plazo, donde se busca un desempeño eficaz, pero no eficiente y no sustentable. Se ha dado por conseguir volumen a cualquier costo. Sin embargo,  el camino que se debe seguir es de un trabajo integrado, comprendiendo a la sociedad, las comunidades”.

Desviación del río Ranchería

En Colombia, uno de los conflictos socioambientales se dio como producto de la eventual desviación del río Ranchería, en La Guajira al norte del país. Basados en su plan de expansión, la empresa El Cerrejón propuso la desviación del río en dos tramos localizados entre los municipios de Barrancas y Hato Nuevo puesto que, según estudios exploratorios de la compañía, en dichos segmentos se localiza un importante volumen del mineral que le ayudarán a elevar su volumen de extracción, logrando con ello un incremento de las reservas totales de carbón extraíble en un 64%. A raíz de eso, la multinancional hace una petición ante el ministerio del Interior para iniciar el proceso de consulta previa con las comunidades involucradas en el área del proyecto. No obstante, diversos sectores se alzaron en contra del proyecto porque generaría un importante impacto ambiental en el río, incluyendo escasez de agua para algunas zonas, en el departamento más árido del país, La Guajira. Además, aumentaría la cantidad de sólidos en suspensión, reducirá el hábitat acuático, sin contar que resentiría culturalmente a las comunidades indígenas Wayú, pues su identidad se forjó en torno al río. Se estima que este proyecto podría afectar la vida de 100 mil personas.

El desarrollo de un proyecto como éste presenta un gran reto pues La Guajira, es una de las zonas del país que mayor recurso energético alberga, en el caso del carbón tiene el 56,5% de las reservas probadas nacionales. Es decir, 3.728 millones de toneladas y en el caso del gas, el 43,4% de las reservas probadas nacionales, con una producción diaria de aproximadamente 400 millones de pies cúbicos, además de la infraestructura para la generación de energía eólica.

Además, se da en un marco en que La Guajira es una de las zonas del país con mayor déficit hídrico, debido a su régimen de lluvia y a la alta tasas de evapotranspiración.

Institucionalidad

Uno de los aspectos fundamentales para hacer frente a este tipo de conflictos parece ser el fortalecimiento institucional.

De acuerdo a   Sebastián Miller, economista investigador senior del BID,  los conflictossocioambientales  se dan a partir de tres puntos: “Quién controla un recurso natural, conflictos medioambientales o por diferencia de intereses. Con ello me refiero a la diferencia de visiones que puede haber, por ejemplo, en torno al uso de suelo. Quizás para la empresa es valioso para explotar minerales, pero para un grupo étnico puede tener aspectos idiosincráticos relevantes” .

La realidad internacional muestra que para ser exitosos se requiere incorporar a las comunidades en los proyectos desde que se decide que se desarrollará un proyecto, antes de definirlo o precisar su ubicación y tamaño. “También es fundamental que los proyectos de mayor envergadura sean parte de una visión  estratégica en cuanto a desarrollo de la región en que se insertan. Se requiere además que las en muchos casos las comunidades deben ser legítimos socios de los proyectos, yendo más allá de la mitigación y compensación”, enfatiza O’Ryan.