Consorcio decidió informarlo a través de un hecho esencial, sin embargo, no fue la única aseguradora que acudió a tribunales para apelar al oficio de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en el que prohibe a las compañías hacerse parte de la gestión de activos inmobiliarios.

"La SVS ha dictado un Oficio-Circular en que, pretendiendo ejercer sus potestades legales, lo que hace es vulnerar y exceder las mismas, con el grave efecto de obstaculizar y, en la práctica, impedir que a futuro las compañías de seguros puedan seguir invirtiendo en bienes raíces, al limitar sensiblemente la posibilidad de administrar y gestionar los inmuebles que adquieran", se lee en el documento presentado por Confuturo y CorpSeguros ante la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado martes 1 de agosto.

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El documento, busca apelar al rol que juegan las aseguradoras en el pago de las rentas vitalicias.

En esa línea, las compañías alegan que el oficio del regulador "no sólo perjudica a todas las compañías de seguros, sino que sobre todo cuestiona y amaga un aspecto central de este modelo de operación, expresamente ordenado por la ley, que posiblemente haga inviable su continuidad futura, o bien, provoque un considerable descenso en el monto y seguridad de las pensiones que estas compañías puedan ofrecer a futuros clientes".

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Asimismo, acusa que hubo un cambio de criterio por parte del regulador, el que se podría traducir en menores pensiones bajo la modalidad de renta vitalicia. En específico, apuntan a una caída de entre un 2,7% y 3,5%.

"Por dar sólo un ejemplo, para una prima de renta vitalicia de UF 2.000, de una mujer asegurada de 60 años de edad sin beneficiarios, el impacto que este Oficio podría causar significaría una merma de la pensión mensual en $88.400 al año (de UF 7,90 a UF 7,62 mensuales)", puntualiza la reclamación.

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En esa línea, el escrito presentado por los abogados Guillermo de la Jara e Ignacio Ried, argumenta que el oficio emitido el 18 de julio por la Superintendencia, iría en la dirección contraria a lo que la ciudadanía y autoridades pretenden, aludiendo con esto al trabajo por mejorar las pensiones.

En esta línea, en la industria comentan que la determinación del organismo presidido por Carlos Pavez es contradictorio con la nueva ley de productividad que apunta a que institucionales inviertan en infraestructura.

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Los otros argumentos. Conocedores de la reclamación hecha por Consorcio aseguran que apuntan a la facultad que les entrega la ley para invertir en bienes raíces hasta el 25% de sus activos, y como propietarias de los inmuebles, les asisten todas las atribuciones que comprende el derecho de dominio.

el límite fue aumentado desde 20% a 25% en 2012 por la propia SVS, detalla la misma fuente.