Con poco más de un mes de diferencia -primero el 2 de mayo y luego el 15 de junio- el abogado Samuel Pérez Cofré ingresó dos apelaciones en contra de las Fuerzas Armadas en el Consejo para la Transparencia. Pérez Cofré, que hasta fines de 2016 aparece en los registros de la subsecretaría de Vivienda y Urbanismo en calidad de asesor jurídico, apeló luego de la negativa que recibió, primero de la Armada y un mes más tarde del Ejército, para entregar toda la información que solicitó de dos ex miembros de las respectivas instituciones: Rolando García Le Blanc y Manuel Contreras Sepúlveda.
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Ambos ocuparon puestos de dirección en los aparatos de represión del régimen de Augusto Pinochet. Por ello los dos requerimientos solicitaban la divulgación de la hoja de vida de García Le Blanc y Contreras Sepúlveda. Para el primero, el período de tiempo solicitado comprendía entre 1973 y 1977; para el segundo consideraba entre 1970 y 1978.
García Le Blanc, que llegó a ser contralmirante de la Armada, estuvo en la subdirección de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) entre 1975 y 1976, reemplazado en el cargo por el oficial del Ejército Gerónimo Pantoja. Manuel Contreras, ex general del Ejército, fue director de la DINA entre 1973 y 1977 y condenado a cadena perpetua por múltiples violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Contreras Sepúlveda falleció en 2015.
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La importancia de ambas hojas de vida -en especial la del ex líder de la DINA- es que podría ayudar a aclarar los vínculos de quienes fueron líderes de la represión de Pinochet con cómplices -activos y pasivos- de delitos durante el régimen militar que aún no han podido ser esclarecidos por la Justicia.
El fallo que obliga al Ejército
Hasta la fecha, al Consejo para la Transparencia han ingresado 56 amparos por información que ha sido denegada por el Ejército. Uno de esos casos es la solicitud de la hoja de vida de Manuel Contreras.
La argumentación del Ejército para rechazar la entrega de la información fue acogerse a lo estipulado en la Ley de Transparencia sobre protección de vida privada, y también, sobre el sistema de seguridad del Estado.
La misma argumentación utilizó la Armada en el caso de García Le Blanc.
Sin embargo, en fallo dividido, y tras una extensa discusión según quienes conocieron del caso, el Consejo defendió la tesis de la probidad en la función pública, además de descartar que la solicitud sobre el expediente de Contreras atenten, en algún caso, contra la seguridad de la nación. La decisión obliga al Ejército a entregar un documento clave para aclarar el rol no sólo del ex director de la DINA, sino también de Augusto Pinochet y de otros miembros del régimen militar en las múltiples violaciones a los derechos humanos.
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Para Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, el fallo significa "una contribución a la información completa de un episodio histórico del país". "Para el Consejo es una resolución más de un personaje histórico de las Fuerzas Armadas. El Ejército no entregó ningún antecedente que pudiera probar que el expediente atenta contra la seguridad nacional", explicó Drago a PULSO.
El Ejército podría recurrir a la Corte de Apelaciones a través de un reclamo de ilegalidad. Para ello cuenta con 15 días desde la notificación.
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