"Consulta indígena no es plebiscito"

El diálogo con las comunidades indígenas no ha sido todo lo rápido que el gobierno esperaba. El ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, anunció en marzo el inicio de una mesa de consenso indígena para establecer un mecanismo para las consultas a que obliga el Convenio 169, cuando una comunidad es afectada por alguna situación, como el desarrollo de un proyecto o una nueva ley. Esperaba tener todo listo en el plazo de un mes. Pero los acuerdos, en una mesa formada por 35 personas de los pueblos originarios, más 10 representantes del gobierno, se han hecho esperar.

La nueva meta es junio. Matías Abogabir, encargado de la oficina de asuntos indígenas del ministerio, explica que a fin de mayo tendrán la que, espera, sea la última sesión de la mesa. En esa instancia deberían fraguarse los últimos acuerdos para tener una normativa que estructure la manera cómo se debe hacer este procedimiento. Ese documento luego debería ir a Contraloría y entonces, entraría en vigencia el nuevo sistema que permitirá a las comunidades expresar su opinión cuando se vean afectados. Claro que, como explica Abogabir, estas resoluciones no tienen el poder de veto. "No son plebiscitos para decidir si un proyecto se hace o no. Son espacios para generar acuerdos, para acercar posiciones y que un proyecto considere todas estas opiniones".

A pesar del aplazamiento, Abogabir dice que ya hay acuerdos importantes. "Por ejemplo, cuál es la estructura que debe tener un proceso de consulta. Las etapas por las que debe pasar. En principio el gobierno había propuesto cuatro etapas y ellos, cinco. La verdad es que decidimos incorporar esta quinta etapa en la que los pueblos indígenas revisan la propuesta del gobierno. La revisan, la estudian y toman una posición al respecto".

También avanzaron en temas relativos al nuevo reglamento ambiental, que es una de las aristas que ha generado más debate. "Además pusimos límite de tiempo. Propusimos que la forma de hacer esa consulta se haga a través de las etapas y procedimientos que definimos ahora. Son cinco etapas, con 20 días máximo por etapa. Con eso, una consulta podría llegar a extenderse hasta 100 días hábiles", sigue Abogabir.

Otro acuerdo es que esta normativa tiene que incorporar un artículo, para que una vez que entre en vigencia, se derogue automáticamente el decreto 124 de Mideplan, que es un reglamento para hacer las consultas indígenas, cuestionado porque se hizo sin consulta a los pueblos. "Eso es importante, porque es el decreto que actualmente regula las consultas y había que incorporar un artículo que lo derogara explícitamente", explica Abogabir.

La representatividad ha sido otro de los temas complejos: a quién consultar y por qué. Esto llevó a pensar en un registro de organizaciones indígenas, que esté actualizado, que tenga a todas las organizaciones indígenas separadas por comunas y por región. "Entonces, cuando un ministerio, una empresa, u otro, necesite hacer una consulta, pueda recurrir a este registro y ahí se explique cuáles son las comunidades que están en cierta zona o que serían afectadas, para convocar a esas comunidades registradas".

Durante estas conversaciones también se vio la necesidad de establecer un organismo nacional de consulta, lo que derivaría en la creación del Consejo de Pueblos Indígenas. "Una vez finalizado este proceso de la definición del mecanismo, vamos a empezar otro proceso que es el que va a permitir concretar la estructura de este Consejo de Pueblos", explica Abogabir.

Parece un proceso sin fin, en el que se cierra una puerta y se abren 10 ventanas. Cuesta lograr definiciones concretas. De hecho, hay grupos que se han marginado de participar. Pero para el encargado de asuntos indígenas, se ha avanzado bastante. Sobre todo también en documentar cada consulta, de manera que sean procedimientos transparentes, que permitan su revisión.

Lo que sí es claro, es que esta normativa no implica transformaciones retroactivas. Los proyectos que se hayan aprobado hasta ahora, están aprobados pues existe un mecanismo de consulta ciudadana, que para estos efectos se ha homologado con la consulta indígena.

¿Qué ha pasado?
En marzo el ministerio de Desarrollo Social convocó a la Mesa de Consenso Indígena para acordar un procedimiento de consulta del Convenio 169.

¿Por qué ha pasado?
Para poder implementar el Convenio 169 que Chile ratificó en 2009 y permite a las comunidades afectadas por el desarrollo de un proyecto, expresar sus opiniones.

¿Qué consecuencias tiene?
La normativa que surja de esta mesa regulará el cómo y con quiénes se deben hacer estas consultas. En junio debería estar lista.

¿Cómo me puede afectar?
En la generación de nuevos proyectos de inversión, cuando una comunidad es afectada, este proceso permite a las comunidades incorporar sus inquietudes.