Una serie de irregularidades en el proceso de cambio de oficinas que lleva adelante ENAP reveló un informe emitido por Contaloría en que acusa que luego de la venta de sus antiguas instalaciones en US$ 18,3 millones, la estatal decidió arrendar oficinas más pequeñas y con menor cantidad de estacionamientos, por lo que en 15 años pagó un 44% de lo que recibió al vender el inmueble.
Según informa Radio Bío Bío, el documento de Contraloría indica que todo esto se hizo sin el acuerdo del directorio y sin que hubiera respaldos suficientes que justificaran el traslado desde la Torre Vitacura.
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De acuerdo al documento, "se determinó que para proceder a la enajenación de su edificio institucional, ENAP no contó con el acuerdo adoptado por su directorio, mediante el cual se aprobara la decisión de compra de los inmuebles, que tenían compromiso de pago con la entidad financiera Banco Santander, según el contrato de leasing vigente". Agrega que la mesa directiva "deberá en lo sucesivo dar cumplimiento a las normas que marcan el régimen interno de la empresa a nivel legal".
Por otro lado, la Contraloría apuntó a un conflicto de interés que involucra a una de las directoras de la empresa, María Isabel González, ya que habría suscrito un contrato con una firma perteneciente a una de sus hijas. El escrito señala que "no consta que haya tenido lugar la declaración mediante el documento respectivo, de un eventual conflicto de intereses con la empresa Dueik S.A.; ello por cuanto entre los socios propietarios de dicha empresa se encuentran dos hijas de la directora de ENAP, María Isabel González".
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El organismo explica que ENAP suscribió contratos con esta empresa entre 2015 y junio de 2017, que implicaron desembolsos por $131 millones.
