Contraloría le dio la razón a Fernández Wood en el marco de la pugna en torno a la deuda que reclaman los acreedores de la constructora a la Municipalidad de Estación Central por la reconstrucción la emblemática Villa Portales. Esto, tras el terremoto de febrero de 2010.

Luego que los acreedores acusaran que la alcaldía no ha dado cumplimiento a una serie de obligaciones de pago que el órgano contralor le impuso a la municipalidad el año pasado, la entidad fiscalizadora emitió un nuevo documento que busca zanjar la disputa. El 9 de abril pasado, el órgano contralor se pronunció en torno a las diferencias en relación a los montos adeudados. En dicho documento estableció que la multa que Estación Central cursó por el atraso en la entrega de las obras tenga un tope máximo de 10 días, muy por debajo de los 90 días que la alcaldía aplicó.

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Adicionalmente, determinó que la alcaldía proceda al pago de los mayores gastos generales por las ampliaciones de plazo del contrato de la constructora, que actualmente está en proceso de venta.

Diferencias en los montos

En primera instancia, los acreedores señalaron que la deuda ascendía a $6.000 millones. No obstante, Estación Central sólo reconocía un compromiso en torno a $2.700 millones, pues excluyó gastos generales, obras extraordinarias y saldos pendientes. El otro punto en conflicto es la multa que la cursó por el atraso en la entrega de las obras. En un comienzo, la sanción ascendió a $2.500 millones, pero luego fue rebajada por la alcaldía a $2.300 millones. Con esto, la alcaldía aseguraba que el monto a liquidar del contrato quedaría en $200 millones si se descuenta la multa del total adeudado. Luego, en un oficio que la empresa ingresó el 4 de octubre pasado a Contraloría, solicitó que le ordenara a la municipalidad corregir la liquidación del contrato, dejar sin efecto la multa y proceder al pago.

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Héctor Navarrete, abogado de la sociedad y socio del estudio Navarrete & Cía., a cargo del proceso, explica que tras las observaciones que Contraloría formuló a la liquidación de contrato que la municipalidad presentó, Estación Central deberá pagar a Fernández Wood una suma en torno a los $4.700 millones.

"La municipalidad planteó a Contraloría el cobro de una multa de $2.300 millones, que es una barbaridad, pero tras el dictamen de Contraloría, el monto máximo de la multa es cercano a los $300 millones. Con eso, se liberan unos $2.000 millones que la municipalidad debería pagar", dice. "El otro tema respecto al cual contraloría es muy específica, es que establece que procede el pago de los gastos generales por los aumentos de plazo del contrato, que en total son 490 días", agrega.

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Navarrete asegura que solicitó al alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, una reunión vía Ley de Lobby, pero que la petición todavía no ha sido respondida. "Siempre la intención en el más de un año que llevamos en esto ha sido sentarnos con ellos y que nos paguen. Por eso, ingresé un requerimiento de pago por una suma de $4.700 millones que estarían pendientes, dice. "Esperamos que la municipalidad finalmente con este dictamen entre en razón y nos pague, porque el daño que han provocado ha sido muy grande y al no obedecer los reiterados dictámenes de la Contraloría han seguido provocando un enorme perjuicio. La matriz de esta sociedad, quebró en parte producto de esto", sostiene.

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En el caso que el municipio no acate el dictamen de Contraloría, la firma no descarta acciones legales. "Tampoco descartamos las responsabilidad penales que hay en este incumplimiento, porque ya desde mayo de 2017 se le ha dicho a la municipalidad que se tiene que reunir con nosotros y liquidar el contrato, algo que no ha hecho en un año. Aquí ya hay responsabilidades penales involucradas en esto. Pero esperamos no tener que llegar a esas instancias", indica el abogado.