Poco antes de viajar a la 32° Sesión del Comité Asesor de Auditoría Independiente-CAAI de las Naciones Unidas, la Contralor General de la República (s), Patricia Arriagada firmó un dictamen que era muy esperado en la administración pública.

Se trata de la solicitud de Corfo para que Contraloría se pronunciase respecto al salto de Rafael Guilisasti, quien era consejero de la entidad, a la presidencia de las sociedades cascadas mediante las cuales el empresario Julio Ponce controla SQM.

Precisamente, la minera no metálica mantiene un litigio arbitral con Corfo por discrepancias en los términos de arriendo de pertenencias mineras ubicadas en el salar de Atacama.

En su dictamen, Contraloría criticó el actuar del empresario calificándolo como imprudente, pero descartó un conflicto de interés. “Es evidente que genera una razonable duda ética el pasar a integrar el directorio (y presidirlo) de tres empresas estrechamente vinculadas con otras que mantienen un importante conflicto judicial con la institución pública cuyo Consejo integró”, señala el documento dado a conocer ayer.

Pese a que la presunción que parece sostener Corfo de que mientras el denunciado era consejero inició negociaciones para asumir las funciones privadas que hoy ostenta -conociendo información sobre el juicio de que se trata-, para Contraloría esta información es “insuficiente para aseverar que en el ejercicio de la función pública (Rafael Guilistasti) haya incurrido en un conflicto de interés que comprometiera su responsabilidad administrativa”.

Respecto a la consulta de Corfo de si existió un conflicto de interés y si hubo una infracción a los deberes de probidad por parte del ex consejero, el dictamen señala que la Contraloría “no ha podido formarse la convicción cierta de que mientras se desempeñó como consejero el señor Guilisasti Gana haya transgredido el anotado principio”.

Por su parte Corfo valoró el dictamen de la Contraloría.

El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Eduardo Bitran, dijo que “Contraloría estableció claramente que Rafael Guilisasti ejerció una función pública que implica deberes de probidad y que se genera una razonable duda ética al saltar desde Corfo a la presidencia de las cascadas, controladoras de SQM que mantiene un importante conflicto judicial con la institución pública (...) “Nos asiste la convicción de que el ex consejero tuvo acceso a información confidencial relevante para el juicio arbitral”, acotó.