Como “poco prudente”, pero dejando en claro que no existió un conflicto de interés o una infracción a los deberes de probidad, la Contraloría General de la República se refirió al pasó que hizo el empresario Rafael Guilisasti desde el consejo de Corfo a la presidencia de las sociedades cascada de SQM.

En el dictamen, la Contraloría señaló que respecto a la consulta si existió un conflicto de interés y si hubo una infracción a los deberes de probidad, "se debe anotar que del examen de la documentación tenida a la vista, esta Contraloría General no ha podido formarse la convicción cierta de que mientras se desempeñó como consejero el señor Guilisasti Gana haya transgredido el anotado principio".

Sin embargo, a reglón seguido,  indicó que aun cuando la presunción indica que el ex consejero inició negociaciones para asumir las funciones privadas que hoy ostenta -conociendo información sobre el juicio de que se trata- "es insuficiente para aseverar que en el ejercicio de la función pública haya incurrido en un conflicto de interés que comprometiera su responsabilidad administrativa, ello resultó al menos poco prudente".

La Contraloría determinó que es "evidente que genera una razonable duda ética el pasar a integrar el directorio (y presidirlo) de tres empresas estrechamente vinculadas con otras que mantienen un importante conflicto judicial con la institución pública cuyo consejo integró".