El conflicto en torno a los $6.000 millones que reclaman los acreedores de Fernández Wood a la Municipalidad de Estación Central por la reconstrucción la emblemática Villa Portales, luego del terremoto de febrero de 2010, sigue en curso. Luego de que los acreedores acusaran que la alcaldía no ha dado cumplimiento a los dos dictámenes de Contraloría en los cuales se le impuso una serie de obligaciones de pago a la municipalidad, la entidad fiscalizadora emitió un nuevo documento que busca zanjar la disputa.

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El 31 de octubre pasado, mediante un oficio, el órgano contralor pidió a Estación Central pronunciarse respecto a las denuncias realizadas por los acreedores de la constructora por el incumplimiento de los dictámenes. Y es que por medio de tres presentaciones ingresadas a Contraloría el 15 de septiembre, el 4 de octubre y la última el 20 del mismo mes, la empresa advirtió de esta situación y solicitó que le ordenara a la municipalidad corregir la liquidación del contrato, dejar sin efecto la multa y proceder al pago.

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En los documentos, la firma consigna las diferencias en relación a los montos adeudados. Por una parte, los acreedores dicen que la deuda asciende a $6.000 millones. No obstante, Estación Central sólo reconoce una deuda en torno a los $2.700 millones, pues excluye gastos generales, obras extraordinarias y saldos pendientes. La otra diferencia es en relación al monto del contrato. Los acreedores aseguran que el monto final del contrato ascendería a $14.300 millones, cifra que incluye gastos generales y obras extraordinarias ordenadas por la DOM y el Serviu, montos que no son reconocidos por el municipio. El otro punto en conflicto es la multa que Estación Central cursó por el atraso en la entrega de las obras, que la empresa solicita dejar sin efecto.

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A raíz de esas peticiones, el organismo solicitó al alcalde "informar a esta Contraloría el tenor de lo expuesto por el recurrente", además de pedirles que dicho informe sea "preparado con intervención del asesor jurídico de esa entidad", donde adicionalmente se deben remitir todos los antecedentes "para resolver adecuadamente las presentaciones".

"La municipalidad por distintas vías evita cumplir lo que Contraloría ha dicho dos veces, que tienen que pagar los dineros adeudados a la compañía. Pero estamos bastante esperanzados que esta vez la municipalidad conteste y nos pague lo que se nos debe", dice el abogado de la sociedad y socio del estudio Navarrete & Cía.

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El abogado señala que pese si bien esperan que el municipio acate los dictámenes de Contraloría, no descartan acciones legales. "La posibilidad de recurrir a la justicia la tenemos abierta y tenemos la plena seguridad de que nos iría bien", dice. "Sin duda alguna, iríamos a la justicia pero no solo reclamando lo que se nos debe, sino que reclamando las indemnizaciones de perjuicio tanto institucionales como eventualmente personal". Fuentes señalan que el municipio habría solicitado más tiempo para entregar el informe solicitado por Contraloría. El plazo finaliza el próximo miércoles.