Agosto de 2010. La familia Allende Vial vive unos de los mejores momentos a cargo de la administración de Empresas AASA, el mayor grupo productor de carnes del país.

El objetivo es terminar una reorganización operacional y administrativa, y de paso crecer en el segmento del consumidor final.

En ese entonces, el directorio a cargo del ex ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, analizaba su apertura en bolsa, mientras las ventas alcanzaban niveles récord, de sobre US$200 millones.

Y a pesar de que el holding sigue ostentando el primer lugar entre las empresas faenadoras de carne bovina en el país, e incluso cuenta con su propia red de locales, con Carnes Santa Ana, el escenario actual es de mucha incertidumbre.

¿La razón?

A inicios de enero, dos recursos judiciales ante Tribunales Civiles fueron ingresados por dos accionistas del holding: Patricia y Andrés Allende Vial junto al abogado Andrés Echeverría, socio de Johansson & Langlois.

Ambos hermanos demandaron por medio de las sociedades Inversiones San Andrés, Inversiones Los Rulos e Inversiones Santa Francisca a la totalidad del directorio de Empresas AASA, solicitando la designación de un árbitro. Dicho directorio es integrado por Carlos Cáceres Contreras, Angel García González, Gerardo Sepúlveda Quezada, Andrés Larraín Marchant, Alberto Labbé Valverde, Gonzalo Sanchez y Raúl Rivera Banderas.

En el escrito, Patricia y Andrés Allende Vial denuncian una “serie de actos ilegales cometidos por estos últimos, en perjuicio de la sociedad y sus accionistas”.

Dado que en los estatutos de Empresas AASA no se consigna el nombre del árbitro que debe zanjar las diferencias entre sus accionistas, ambos hermanos decidieron acudir a Tribunales para su designación.

En un segundo requerimiento, Patricia y Andrés Allende Vial acusaron a Carlos Cáceres Contreras de “graves infracciones a las prohibiciones contenidas en la Ley de Sociedades Anónimas”.

Estas se basan en supuestos ilícitos contemplados en el artículo 42 N°7 de la Ley 18.046, que castiga “la práctica de actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés social o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados en perjuicio del interés social”, según señala la citada normativa.

Pero la arremetida judicial de los hermanos Allende no quedó allí. A fines de enero, y con el patrocinio del abogado Pedro Pablo Gutiérrez, denunciaron “una serie de ilicitudes de las que han sido víctimas al ser excluidos de la administración de AASA”.

Esta vez, sus dardos apuntaron el resto de sus hermanos. Patricia y Andrés Allende Vial demandaron a Empresas AASA S.A., Inversiones Hyde Park Ltda., Tucumán Inversiones S.A., e Inversiones Iceberg S.A. Las dos primeras firmas son representadas por José Manuel Allende Vial, quien también se desempeña como gerente general de AASA, mientras que las otras dos corresponden a María Luisa y Jimena Verónica Allende Vial, respectivamente.

Fuentes del holding Empresa AASA comentan que la disputa se originó en abril del año pasado y que responde a un supuesto bloqueo sufrido por Andrés Allende para nombrar directores al interior de la compañía.

Repartición de bienes

Más allá de las estrategias legales que pudieran influir en la batalla que libran los hermanos Allende Vial en la justicia civil, la disputa no se detiene.

Tres días después de demandar directamente a las otras sociedades de inversión que forman parte de los accionistas de Empresas AASA, Andrés Allende Vial solicitó la designación de un juez partidor.

En el documento, el abogado pidió a la Justicia citar a sus hermanos José Manuel, Nicanor Augusto, María Luisa, Patricia Marcela y Jimena Verónica. ¿El motivo? Lograr el cumplimento de lo acordado el pasado 29 diciembre de 2011, otorgada en la notaría de Santiago de René Benavente Cash. En aquella oportunidad, todos los hermanos junto a Inversiones Agrícolas (que responde a Nicanor Allende) suscribieron una transacción extrajudicial sobre la partición de bienes de la sucesión de María Luisa Vial Castillo, la madre de los hermanos Allende Vial.

En aquella operación fueron asignados cada uno de los hijos de esta última a un sexto de los derechos sobre los bienes inmuebles y derechos de agua. Pero se mantuvo una disputa por algunas propiedades en la comuna de Canela, Provincia de Choapa, en la región de Coquimbo.

También quedó en disputa una quinta parte de los derechos de aprovechamiento de aguas sobre las quebradas Day Peumo, Chepiquilla, El Canelo y el Peral de un predio ubicado en la misma zona. De igual forma en discusión se encuentran los derechos de agua del “Fundo Hijuela Huentelauquén”.

Por lo mismo el demandante, Andrés Allende Vial solicitó al tribunal la designación de un arbitraje previo a la citación de la audiencia correspondiente. A cargo de este proceso se encuentran los abogados Octavio Bofill e Ingacio Ried, ambos del estudio Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados.