El ambicioso proyecto inmobiliario del grupo Angelini Las Salinas, en Viña del Mar, sufrió un nuevo revés en su tramitación ambiental.
El año pasado, la empresa había presentado un recurso de reposición, el cual fue rechazado por la autoridad ambiental en junio de ese mismo año. Sin embargo, la empresa no se quedó ahí, y en julio se jugó una nueva carta al ingresar al SEA un recurso de invalidación para intentar retomar la tramitación del proyecto que decidió finalizar el servicio regional. Pero, el 21 de marzo pasado, la autoridad rechazó por segunda vez la apelación, echando por tierra los planes de la compañía de continuar con el proceso de evaluación ambiental del proyecto, que busca desarrollar en las 15,8 hectáreas que hace más de un siglo la petrolera junto con Shell, Sonacol y Esso utilizaban para el almacenamiento de combustible.
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Se trata de una historia que suma varios capítulos, y que parte en 2017, cuando el proyecto inmobiliario, de Empresas Copec, alcanzó a estar solo dos meses en evaluación. En mayo del año pasado, la Dirección Regional de Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) puso término anticipado al proceso de tramitación de la iniciativa, por falta de información crucial relacionada con el transporte de la tierra calificada como peligrosa, la que sería llevada por la empresa hacia San Felipe y Quillota.
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A través del estudio de impacto ambiental denominado Recuperación del Terreno Las Salinas para Uso Inmobiliario la firma pretendía habilitar el terreno para uso residencial y equipamiento. Este paso es crucial para asegurar que la construcción del proyecto, de una inversión de US$797 millones, no represente riesgos para la salud de las personas.
LOS ARGUMENTOS. En el recurso de invalidación presentado hace ocho meses, y que fuera rechazado en marzo, la empresa cuestionó el acto administrativo que dio término anticipado a la tramitación del proyecto. A juicio de Copec, no faltaría ninguna información "relevante" ni "esencial", y que la "decisión de excluir ciertas zonas geográficas del área de influencia sería el resultado de aplicación de estudios que estarían ampliamente aceptados por el SEA".
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Dichos argumentos fueron echados por tierra por la autoridad ambiental, ya que señaló que "la falta de información no se refería a impactos evidentes (...) es una cuestión que no es posible dilucidar de los antecedentes presentados en el proyecto sujeto a evaluación, debido a que fueron omitidos, debido a una errónea definición del área de influencia del proyecto".
Por otra parte, la compañía planteaba que "cualquier impacto ya estaría asumido como propio de la infraestructura vial, al estar el tránsito de camiones del proyecto dentro de los criterios de diseño de las rutas planificadas". Pero para la autoridad ambiental, "el tránsito de camiones dentro de los criterios de diseño de las rutas planificadas, corresponde a una evaluación mirada desde el punto de vista de la capacidad de diseño con que cuentan estas rutas e infraestructuras, y no con el impacto ambiental que dicho tránsito, producirá respecto de los asentamientos o grupos humanos". Cuando la autoridad regional puso término anticipado a la tramitación, cuestionó precisamente la tierra que será retirada, por no presentar los antecedentes que dieran cuenta del potencial impacto que se generaría en la ruta de transporte, y en sectores cercanos. P
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