Uno sí y el otro no. Ayer se reveló un fallo de la Corte Suprema que mantuvo el rechazo de la justicia ambiental a los últimos recursos presentados por opositores al proyecto portuario del grupo CAP Cruz Verde, ubicado en la comuna de La Higuera y destinado a la exportación de productos mineros y otros.

Se trata, no obstante, de una iniciativa que es contigua al puerto de Dominga, iniciativa de minería e infraestructura que, por estos días, está a la espera del fallo de la justicia ambiental, que evalúa si ha lugar o no a la reclamación interpuesta por el titular, Andes Iron, respecto a la decisión del Comité de Ministros que decidió denegarle el permiso para su materialización.

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Este, justamente, ha sido uno de los argumentos que ha esgrimido la defensa de Andes Iron ante el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, pues se trata de iniciativas similares y en una zona prácticamente idéntica en términos de línea de base ambiental.

Justamente, este fallo se conoce a sólo días de que el tribunal nortino dé a conocer su decisión final respecto al caso Dominga. Actualmente, la causa está en acuerdo, luego que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), decidiera restarse de una instancia de conciliación que abrió el juzgado especializado, y al que sí se había abierto a participar Andes Iron, empresa ligada a la familia Délano.

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Reacción. El fallo fue valorado por CAP, que señaló que con esta iniciativa podrá ampliar y potenciar su presencia en el negocio de la infraestructura, donde hoy se erige como el tercer operador portuario del país.

"Grupo CAP valoró esta mañana la decisión de la Corte Suprema de rechazar el recurso de casación interpuesto en contra del proyecto. Puerto Cruz Grande, de CAP Minería, que desde 2015 cuenta con su aprobación ambiental y planea una inversión inicial de unos US$250 millones, tiene el potencial de reconvertirse en un proyecto de puerto multipropósito de la Región de Coquimbo, ya sea de minerales o productos agrícolas nacionales o de países vecinos, como Argentina u otras naciones del cono sur de América", indicó la compañía a través de un comunicado, en reacción a la decisión de la Justicia.

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Para el gerente general de CAP, Erick Weber, haber superado todas las barreras para la obtención del permiso ambiental de Puerto Cruz Grande es "un activo estratégico" no sólo para la compañía que encabeza, sino también para el país. Esto, principalmente por las opciones que se abren en materia de integración regional, pues Cruz Grande podría eventualmente prestar servicios a exportadores de otros países una vez que se concrete el proyecto de corredor bioceánico Agua Negra.

Respecto al eventual daño ambiental, que opositores a la iniciativa han puesto como argumento en el ámbito judicial, Weber aseguró que "podemos asegurar que el diseño del proyecto Puerto Cruz Grande contiene especiales resguardos para reducir significativamente cualquier posible externalidad de carácter ambiental, al mismo tiempo que generaría valor económico y social para la región".

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