Tras las modificaciones solicitadas, hace algunos días se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados la moción parlamentaria que declara inembargables las viviendas adquiridas con subsidio del Estado y cuyo avalúo fiscal no supere las UF520.

La iniciativa -impulsada por los diputados Karol Cariola, Fidel Espinoza, Loreto Carvajal, Maya Fernández y Guillermo Teillier- buscaba extender la inembargabilidad de las casas de no más de UTM50 ($2,5 millones) a los bienes raíces cuyo avalúo fiscal no exceda las UF400 ($9,9 millones), o las UF520 ($13 millones) en el caso de condominios de viviendas sociales, así como a las adquiridas mediante el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, el Sistema integrado de Subsidio Habitacional o cualquier otro programa que garantice el acceso a una vivienda social sin deuda.

En su momento, el proyecto generó una serie de discrepancias en la banca, especialmente en BancoEstado, cuyo presidente de entonces, Rodrigo Valdés, planteó en la comisión de Vivienda que “respecto de los efectos que pueden producir medidas como la contemplada en este proyecto en el comportamiento de pago de los agentes y que pueden terminar impidiendo el funcionamiento del mercado crediticio, porque para compensar el riesgo habría que elevar en varios puntos porcentuales el spread”.

Consultado sobre la aprobación de la iniciativa, el gerente de Estudios de la Asociación de Bancos, Luis Opazo, señaló que “este proyecto tiene por finalidad proteger a los hogares, especialmente aquellos de menores ingresos, de perder sus viviendas en caso de no poder cumplir sus compromisos financieros. Sin embargo, los potenciales beneficios de este proyecto pueden verse mermados por costos no deseados para los hogares supuestamente beneficiados con este tipo de medidas. Esto, ya que el bien raíz pierde su calidad de garantía y, en muchos casos constituye el principal activo para los hogares y pequeños empresarios, lo cual limitará su capacidad de financiamiento”.

De hecho, en su presentación ante la comisión en 2014, la Asociación de Bancos indicó que la ampliación del universo de bienes inembargables limita las expectativas de recuperación por la vía judicial”; que los propietarios de viviendas sociales se verán limitados en el acceso al crédito; y que los propietarios de viviendas adquiridas con subsidio habitacional quedarán limitados en cuanto al crédito, ya que dichos bienes raíces no constituirán una garantía relevante para la contratación de un crédito distinto al hipotecario.

Esa era la principal preocupación en la banca. Según el gremio bancario, los principales afectados con esta medida serían los hogares con vivienda social y viviendas adquiridas con subsidio habitacional que necesiten acceder a créditos de consumo; y los micro y pequeños emprendedores; dos grupos que en esos estratos emplean la vivienda como colateral.

Tras la aprobación en la cámara en general y particular, el proyecto será ahora revisado por la Comisión de Economía del Senado.