Cronología de un quiebre: Las tensiones que detonaron la renuncia de Gajardo y Norambuena a la Fiscalía

Sin duda el rol de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena en la investigación de delitos tributarios provocó un profundo remezón al interior del mundo político tras destapar los casos de financiamiento irregular de la política y que generó el desfile de parlamentarios y ex autoridades de gobierno por los tribunales de Justicia, vinculados a los casos Penta, SQM y Corpesca. Pero fue su férrea postura, de perseguir penalmente estos ilícitos, lo que acentuó los roces con sus superiores, que terminaron finalmente con su renuncia este viernes al Ministerio Público.

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Las primeras luces de lo que sería la causa de su renuncia se vieron en la investigación del fraude al FUT, la causa madre del caso Penta. En este último, se indagaba la emisión y facilitación de boletas falsas al holding financiero para el financiamiento de campañas políticas.

A lo largo de esas pericias, Gajardo y Norambuena fijaron la indeclinable postura de que este tipo de ilícitos debían ser sancionados por la vía penal, junto con hacer ver a los tribunales en las diversas audiencias que han tenido estos casos, sobre las falencias que tiene la legislación respecto a este tipo de delitos con penas asociadas muy bajas.

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Esto generó que desde 2014 -y por los próximos cuatro años en que lideraron la investigación-, hubo diversos momentos en que se resaltaron los roces no sólo con los imputados y sus defensas, sino que al interior del mismo Ministerio Público. Así, la posición que fueron tomando los fiscales fue generando ruido.

Uno de los episodios que ejemplifica estas tensiones internas fue el que protagonizaron los persecutores con la entonces fiscal Solange Huerta a principios de 2015 cuando la actual directora del Sename, reemplazaba en las funciones de fiscal nacional a Sabas Chahuán. Los trascendidos de esa época indicaban que Huerta habría querido reducir el margen de acción de los fiscales, razón por la que determinó reordenar la investigación designando a los fiscales Alberto Ayala y Andrés Montes en la dirección de los casos Penta y SQM, en desmedro de Gajardo, Norambuena, y Emiliano Arias, este último a cargo en ese momento de las indagaciones en la minera no metálica.

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Esto derivó en la primera intención de renuncia de Carlos Gajardo, ya que hasta ese momento todas las determinaciones de las indagatorias pasaban por él y Norambuena. De hecho, Alberto Ayala, era quien lideraba la Fiscalía Metropolitana Oriente en ese momento y era sabido que no existía una buena relación entre Gajardo, quien era el jefe de la Unidad de Alta Complejidad, y el ahora fiscal regional de Antofagasta.

Si bien se dijo que esta determinación había sido aprobada por Sabas Chahuán, esto generó el rechazo de los querellantes del caso porque aseguraban que Ayala no daba las garantías adecuadas en la investigación. Por eso, Chahuán, en una decisión inédita, determinó asumir él mismo la dirección del caso, trabajando directamente con Gajardo y Norambuena, la cual fue anunciada en una concurrida conferencia de prensa. Lo anterior, fue visto como una señal de respaldo a la gestión de los fiscales, y que evitó su salida del caso.

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La llegada de Jorge Abbott a la Fiscalía Nacional fue el inicio de un mayor distanciamiento entre Carlos Gajardo y Pablo Norambuena con la jefatura del Ministerio Público. Abbott intentó bajar el nivel de controversia que venía arrastrando el caso, y buscaba una actitud más de reserva de los fiscales a cargo.

Por eso, meses después de haber asumido como fiscal nacional, Jorge Abbott, le hizo ver a Gajardo sus reparos a la entrevista que dio en la revista Qué Pasa en diciembre de 2015 donde había mostrado su expectativa de cómo debía continuar el Ministerio Público la investigación de estos casos. "Si la fiscalía no tiene éxitos semejantes en Penta y SQM, se pueden levantar sospechas", dijo Gajardo en esa oportunidad.

Paralelo a ello comenzaron a proliferar las acusaciones de las partes querellantes por filtraciones a la prensa de la investigación. Esto causó la incomodidad del jefe del Ministerio Público, lo cual se lo hizo ver a la dupla de fiscales en una reunión, tras la cual, salvo por encuentros protocolares en actos públicos de la Fiscalía, Abbott no volvió a tener contacto con Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.

La facultad exclusiva del Servicio de Impuestos Internos (SII) para presentar querellas -lo cual era requisito para iniciar una investigación por delitos tributarios- fue uno de los aspectos del que fueron críticos estos fiscales. Por eso, la decisión que adoptara el SII y que comunicara en abril del año pasado de cerrar las investigaciones por estos ilícitos causó el absoluto rechazo de los persecutores, derivando en críticas públicas.

En esa oportunidad, Gajardo calificó como "inaceptable" la determinación. "El fraude fiscal es un delito muy grave que debe ser de acción pública. Igual que colusión y delitos electorales. Inaceptable que no lo sean", indicó en su cuenta de Twitter. Por su parte, Norambuena expresó que el artículo que le da la facultad de querellarse al SII también "impide investigar al órgano encargado de perseguir los delitos tributarios, no obstante graves ataques al patrimonio fiscal" y planteó que debería eliminarse: "Art. 162 del Código Tributario es un muro que impide investigar; se debería estudiar seriamente su derogación; no conozco en el derecho comparado norma similar".

Los cuestionamientos hacia la labor del SII siguieron en las semanas posteriores, y eso motivó a que el director del organismo, Fernando Barraza saliera al paso, y refutara las críticas de Carlos Gajardo en una entrevista radial.

"Los funcionarios públicos y de instituciones tan importantes como el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos no deben andar criticando la función de otros organismos", señaló, y agregó que "eso no corresponde y nuestros funcionarios no hacen eso (…) al parecer el fiscal olvida que todo esto surge por una querella del Servicio de Impuestos Internos por el fraude al FUT".

El último capítulo de esta tensa relación que se venía gestando tuvo lugar esta semana y fue la gota que rebasó el vaso. Los dos fiscales buscaban una sanción ejemplificadora para el senador Iván Moreira, uno de los acusados relevantes en el caso, y contra quien los tribunales ya habían aprobado el desafuero. Sin embargo, el pasado lunes 15 de enero, el fiscal Manuel Guerra solicitó la suspensión condicional del procedimiento en contra del legislador de la UDI, procesado por facilitación de boletas falsas, a cambio del pago de $35 millones para reparar el mal causado. Así, Moreira se libraría del juicio oral. Esto generó una fuerte molestia por parte de los dos persecutores ya que Guerra no les habría informado de esto.

De hecho, ese mismo día, Gajardo reprodujo en su Twitter, declaraciones del fiscal nacional en que señalaba que "en aquellos de delitos de mayor relevancia social, vamos a privilegiar llegar a juicio oral con el objeto de obtener la mayor cantidad de penas". De esta forma, quedaba en evidencia un distanciamiento total entre los fiscales y el titular de la institución, y que derivó en la renuncia que él junto a Pablo Norambuena presentaron ante la Fiscalía este viernes.