Asegurando que esta vez sí se actuará "dentro de la legalidad" -criticando, pero sin aludir en forma directa, a la anterior administración-, la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, se refirió al fallo dado a conocer ayer por parte del Primer Tribunal Ambiental. Este juzgado, en su dictamen, decidió retrotraer el proceso de evaluación de Dominga hasta la etapa de votación del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) por parte de la comisión de evaluación regional (CEA).
Según la ministra, la principal consecuencia práctica del fallo es que ahora el CEA "puede hacer lo que quiera con el proyecto: aprobarlo, rechazarlo o ponerle condiciones". Por lo tanto, aseguró, "acá no hay una opinión de fondo sobre el proyecto, sino simplemente decir que esta comisión lo vuelva a evaluar", indicó Cubillos.
[ze_adv position="adv_300x100" ]
"Lo que hemos dicho como gobierno, ante este fallo, es que esta vez el proceso sí se ajustará al derecho. Lo que ha hecho el Tribunal no es pronunciarse sobre el fondo sino sobre las ilegalidades en que se incurrió antes", reiteró.
Respecto a su visión sobre la iniciativa, reiteró que no puede adelantar juicios. "Nosotros como ministerio, no podemos ni lo haremos, adelantar opinión sobre el fondo, porque dado que se ha ordenado retrotraer el proceso, en alguna instancia podría llegar al Comité de Ministros, y estaríamos inhabilitados por haber adelantado opinión", planteó.
[ze_adv position="adv_300x250-A" ]
Respecto al fallo en si mismo, y consultada también por su condición de abogada, aseguró que bajo su criterio la decisión da cuenta de "muchas ilegalidades en que a juicio del Tribunal habría incurrido tanto la Comisión de Evaluación Ambiental como el Comité de Ministros", las que, comentó, se relacionan con falta de fundamento de las opiniones emitidas, infracción de los principios de la legislación ambiental, y algo que consideró más serio, infracciones a derechos constitucionales.
[ze_adv position="adv_300x250-B" ]
Lo que viene
Sobre los plazos, indicó que estos son "complejos", porque la sentencia todavía no está ejecutoriada y, además, está pendiente la tramitación de eventuales recursos que se interpongan ante instancias judiciales superiores.
"Yo no soy juez. Aquí, cuando se recurre a los tribunales, y aquí existe separación de poderes, cuando alguien estima que una decisión no se ha ajustado a Derecho, recurre a los Tribunales y éstos deciden", indicó.
"Me hago cargo del fallo (...) Es la primera obligación que tenemos como autoridad. Las leyes ambientales en Chile son claras, las tienen que cumplir los titulares del proyecto, pero sobre todo también las autoridades del país", complementó.
