El mismo día en que la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, debía declarar ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago -en el marco de una demanda de una ex funcionaria contra la multisindical por vulneración de derechos fundamentales por despido injustificado-, las partes arribaron a una conciliación que puso fin al conflicto.

Patricia Galaz, quien hasta el 5 de septiembre del año pasado se desempeñó como secretaria en el área de Tesorería de la CUT, denunció a fines de octubre que fue desvinculada invocando el artículo 161 del Código del Trabajo, que hace referencia a necesidades de la empresa. Sin embargo, en la misma demanda acusa que ello no fue así y que en su desvinculación influyeron temas personales.

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De acuerdo al libelo, la controversia surgió en julio de 2017, cuando Galaz habría escrito en sus redes sociales una publicación hacia una persona que, según ella señala en la demanda, la hostigaba por la misma vía. El día 20 de ese mismo mes le señalaron que la situación se había tornado "políticamente complicada", pues había llegado a involucrar al senador Jorge Pizarro (DC) y al diputado Guillermo Teillier (PC), y le comunicaron que estaba suspendida de sus funciones por un tiempo, pero sin indicar cuánto. Después de ello, el 6 de septiembre le llegó una carta de despido.

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Patricia Galaz advirtió en la demanda que "lo cierto es que la única y verdadera causa de mi despido, parece ser el que la CUT quiso evitar problemas políticos y resguardar su imagen ante presiones ilegítimas de terceros que dañaban la imagen y no a la organización, lo que resulta del todo recriminable, ya que no se espera este tipo de acciones de una institución que está conformada precisamente para proteger a los trabajadores".

El tribunal buscó determinar si hubo necesidades de la empresa para el despido de la ex funcionaria de la CUT y efectividad de los hechos contenidos en la carta de despido; y si hubo efectividad de haber incurrido la multisindical en actos vulneratorios de derechos fundamentales de la demandante (integridad síquica y honra) con ocasión del despido. Si la CUT era condenada por esta última infracción, arriesgaba no poder celebrar contratos y convenios con el Estado por dos años.

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El 25 de enero el tribunal llamó a las partes a conciliación, la que no se produjo. El juzgado planteó como base de acuerdo la suma de $8.500.000. La CUT ofreció $8.139.346, pero la demandante aspiraba a $12.000.000 como piso mínimo para conciliar.

No obstante, ayer las partes arribaron a un acuerdo definitivo, que significó el término del juicio y el pago de la CUT de una indemnización de $11 millones a la ex funcionaria, a cambio de establecer que el finiquito fue por necesidades de la empresa y no por razones personales.

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Según la demandante, la conciliación considera el pago de $5 millones por indemnización por despido por necesidades de la empresa y una bonificación adicional, que implicó llegar a un monto total cercano a los $12 millones que se pidió al principio de la demanda por despido indebido. Consultados por PULSO, desde la multisindical no se refirieron al caso.