David Bravo fue quien encabezó la comisión revisora del fallido Censo 2012. Y por ello, es voz autorizada para analizar las primeras cifras que el viernes pasado entregó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre el nuevo proceso estadístico. "Concluir este proceso en los tiempos comunicados y en un régimen de normalidad es relevante tanto para que el país pueda contar con datos censales nuevamente como para restituir la credibilidad que resultó dañada", señala. No obstante advierte que con los antecedentes provenientes de las proyecciones de población más recientes, la tasa de omisión habría sido de 5% o algo superior a 5%.
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¿Cuál es su primera lectura de los datos entregados de población?
-Pienso que se ha dado un paso importante para poder superar el shock que significó para el país el proceso de 2012. Concluir este proceso en los tiempos comunicados y en un régimen de normalidad es relevante tanto para que el país pueda contar con datos censales nuevamente como para restituir la credibilidad que resultó dañada. Es necesario felicitar a los funcionarios del INE que han estado involucrados en este proceso de gran relevancia para el país.
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Hasta el momento y en comparación al fallido censo 2012, ¿cómo puede calificar este proceso?
-No tenemos antecedentes que nos indiquen que ha habido algún problema importante. Si bien al principio del proceso se registraron cambios en los equipos a cargo del Censo que generaron preocupación.
¿Considera que la información por parte del INE ha sido clara y transparente?
-Sí. Hasta el momento el momento el INE ha ido cumpliendo su protocolo de entrega de la información y eso es muy positivo.
En agosto la cifra de las personas efectivamente censadas fue de 17.373.831, y hoy la misma población efectivamente censada es de 17.574.003, ¿por qué cambió?
-Entiendo que el primero surge del conteo rápido, mientras que el comunicado de hace unos días proviene de la lectura óptica de los formularios siendo este el dato definitivo para la población efectivamente censada.
¿Es correcta la metodología que está usando el INE?
-Sí, es particularmente correcto y transparente comunicar explícitamente, cuál es la población efectivamente censada para no caer en la confusión que se generó en el proceso 2012, cuando se comunicaron resultados oficiales que incluían la imputación de personas sin explicar claramente cuál era la diferencia con la población efectivamente censada.
En cuanto a la tasa de omisión, el ex director del INE, Juan Eduardo Coeymans dijo que de acuerdo a sus cálculos sería del orden de 5,98%, similar a la del 2012, ya que él no reconoce la tasa de omisión que entregó la comisión que usted lideró. ¿Cuál es su opinión al respecto?
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-Sobre esta materia me remito a que el informe de nuestra comisión indicó que se podría estimar una omisión censal de 9,3%. En particular, en esa oportunidad dijimos: La tasa de omisión de la población asciende, conservadoramente, a 9,3%, porcentaje que es tres veces los obtenidos en censos recientes en otros países de la región. No obstante, se necesita actualizar los flujos de migración, lo que posiblemente resulte en un incremento en la tasa de omisión censal." Efectivamente esta omisión fue estimada por el INE en su trabajo con Celade, en 9,6% en el informe de auditoría que emitió en septiembre de 2014. Este antecedente corresponde a un dato duro y un reflejo del problema registrado en 2012. Es necesario enfatizar que no fue sólo este el problema más importante sino que también el hecho que esta tasa de omisión fuera muy asimétrica entre localidades, reflejando un problema importante en el levantamiento del trabajo de campo. Como se mencionó en el informe que emitiera nuestra comisión esto estuvo estrechamente relacionado con la improvisación asociada al cambio en la modalidad de censo a meses de su implementación.
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¿Se puede determinar con los antecedentes la tasa de omisión?
-Con los antecedentes provenientes de las proyecciones de población más recientes se puede pensar en una omisión de 5% o algo superior, pero la cifra final provendrá de la conciliación censal, que es el proceso en el que el INE y Celade trabajan con las estadísticas vitales y registros de entrada y salida de personas del país.
¿Cuál es la tasa de omisión que debería tener este censo para ser considerado como exitoso?
-Habría sido deseable una omisión inferior al 5% e incluso cercana al 3,8%, tal como se registrara en el proceso 2002 o al 1,9% de 1992 o al 1,5% de 1982.
¿Ve necesario realizar en 2022 un nuevo censo y que éste sea de derecho?
-El INE planteó al país realizar un Censo el 2022 para poder contar con un Censo con más preguntas. Creo que el INE tendrá que plantear a partir de su experiencia reciente cuál es la metodología más apropiada. Quiero simplemente reforzar el punto de que no es la modalidad del Censo lo relevante, sino que la calidad y preparación del mismo.
Uno de los antecedentes que se presentó es que la población ha envejecido rápidamente, y hoy las personas mayores de 65 años representan el 11,5% del total, ¿cómo relaciona esta información con lo que se debe hacer en materia de pensiones?
-Esto es crucial y está estrechamente relacionado con el trabajo que hicimos en la comisión asesora previsional sobre el sistema de pensiones. Chile es uno de los países que está envejeciendo más rápidamente en el mundo y esto debe dar contexto a nuestras políticas. En el informe de la comisión le dedicamos mucho espacio a este tema y también abogamos por un conjunto de políticas, no sólo en materia de pensiones, para enfrentar este fenómeno en el que ya nos encontramos
En ese sentido, con estas cifras ¿se descarta de plano establecer un sistema de reparto?
-Ciertamente un sistema de reparto carcomido en sus fundamentos cuando el número de personas en la fuerza de trabajo por cada personas de 60 o 65 años y más declina tan rápidamente como ha estado ocurriendo en el caso de Chile y como seguirá cayendo abruptamente en las próximas décadas. El desafío de un sistema de pensiones es que sea sustentable.