La defensa de Julio Ponce presentó ayer un recurso de reclamación ante la justicia civil contra la multa de US$70 millones que le aplicó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), como parte del caso Cascada. Los abogados del controlador de SQM piden que se deje sin efecto la multa o que ésta sea rebajada prudencialmente.

Sobre este último punto, la defensa del empresario plantea una “desproporción” en relación con las multas aplicadas por la propia SVS en otros casos. Y citan el caso La Polar y las sanciones de la SVS a ex ejecutivos como Pablo Alcalde.

“La multa aplicada a nuestro representado resulta manifiestamente arbitraria y excesiva, si se la compara, sin ir más lejos, con las aplicadas en el Caso La Polar, en el que se sancionaron conductas gravísimas que provocaron daño inconmensurable a un amplísimo grupo de inversionistas, al público en general, e incluso a los consumidores”, dice la defensa de Ponce. Y agrega: “¿Sabe, SS., cuál fue el monto de la multa aplicada por la Superintendencia a este ex ejecutivo de La Polar (Pablo Alcalde)? ¡¡¡¡UF 25.000!!!!. En cambio, nuestro representado fue sancionado con una multa que es sesenta y ocho veces mayor, cuestión que infringe todo y cualquier parámetro, estándar o medida de igualdad y razonabilidad”.

La defensa en el área civil de Ponce es liderada por Raimundo Labarca, mientras que en la penal es Jorge Boffil, el mismo abogado de Pablo Alcalde.

Fondo

La defensa de Ponce sostiene que fue sancionado por la SVS “por hechos que no revisten ilicitud alguna”, y que los hechos e imputaciones “no fueron objeto de los cargos formulados en su contra y, por ende, respecto de tales hechos e imputaciones nuestro representado no pudo siquiera defenderse”, señala el escrito.

Agrega que “la propia resolución sancionatoria se desmiente a sí misma”, ya que Julio Ponce -se afirma- no obtuvo ningún beneficio.

“Luego de haber determinado las supuestas ‘pérdidas’ para las cascadas y las supuestas ‘utilidades’ para las sociedades relacionadas a nuestro representado (...) la SVS  omitió el cálculo clave: no determinó si esas utilidades excedían las pérdidas que las Sociedades Relacionadas a nuestro representado sufrieron indirectamente como consecuencia de ser dueñas de aproximadamente un 60% de las cascadas, en términos promedios y consolidados”, dice la demanda.

También hace referencia a las barreras que supuestamente se habrían generado para evitar la participación de terceros. Según el documento, “las modalidades bursátiles de las operaciones sí fueron idóneas para permitir la participación de terceros y para que las cascadas maximizaran los retornos de sus colocaciones, quedando así desvirtuado el segundo eje central de la teoría del esquema del oficio de cargos”.

Asimismo, la reclamación sostiene que la definición de esquema resulta “arbitraria”, ya que -se añade- quedó demostrado que en las operaciones cuestionadas “participó el mercado, y no siempre los “mismos intervinientes”.