Entre el derecho, la política y la masonería: Jaime Campos, el polémico ex ministro de Bachelet

Solo 12 años tenía cuando llegó a la política. A su corta edad, logró militar dentro del Partido Radical. Eran los años sesenta y un joven Jaime Campos iniciaba un camino que lo llevaría a convertirse en  diputado y ministro del país.

Oriundo de Constitución, en aquella bahía del Maule comenzó a cimentar su trayectoria, esa misma que en su juventud lo llevó a viajar a la capital del Bio Bio, para estudiar derecho en la Universidad de Concepción. En esa casa de estudios fue parte del Grupo Universitario Radical, hasta que en 1975, finalmente, consiguió su título de abogado.

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Sus orientaciones lo llevaron a ser miembro de la Gran Logia de Chile, apegándose a las doctrinas de la  francmasonería.

Campos, desde las aulas, como profesor de derecho penal, desde la masonería y desde su militancia radical, se fue vinculando poco a poco en la vida política del país. En el plebiscito de 1988 se transformó en el representante comunal en Constitución del comando por el "No".

Ya en democracia, fue diputado por el  Distrito 38 (Curepto, Constitución, Empedrado, Pencahue, Maule, San Clemente, Pelarco y Río Claro) entre 1990 y 1994. Posteriormente, en el año 2000, Ricardo Lagos golpeó su puerta y lo invitó a sumarse a su gobierno: logró ser titular de Agricultura por seis años.

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Las altas pensiones que recibían algunos funcionarios de Gendarmería y el informe que revelaba muertes al interior del Sename catapultaron a Javiera Blanco, ministra de Justicia en 2016, a dejar su cargo.

Michelle Bachelet ante la urgencia, buscó un nombre con experiencia y con conocimiento político para el cargo. Entre ellos apareció Jaime Campos.

Campos debía calmar los aires convulsionados de una cartera en crisis. Pasó casi dos años en el cargo, dando señales de controlar los ánimos, sin embargo, al final de su mandato, dos polémicas lo terminaron por colocar en la mirada del país: el cierre de Punta Peuco y el nombramiento extraordinario de Luis Toledo, ex fiscal del caso Caval, como notario de San Fernando.

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Personeros de Bachelet, como Lorena Fries, ex subsecretaria de Derechos Humanos, decían que la mandataria sí había firmado el decreto para cerrar Punta Peuco. Campos se defendió, señalando que nunca vio ningún documento en su despacho y que solo se le consultó la posibilidad de cerrar el penal un día antes del 11 de marzo, negándose a esa opción, por lo precipitado de tomar una decisión como esa ad portas del cambio de mando.

Su figura, sigue prendiendo la polémica y ensombreciendo el término del mandato de Bachelet. Este miércoles, nuevamente respondió a los medios y a las interrogantes de la designación de Toledo. Campos dijo: "un viernes designé a Alberto Ortega (defensor penal de la región de O'Higgins, inicialmente seleccionado como notario de San Fernando) y el lunes recibí instrucciones superiores de que debía designar al fiscal Toledo"

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