Detroit se acogió al Capítulo 9 de la Ley de quiebras ayer, en la mayor acción de tal estilo para una ciudad estadounidense.

La declaración se produjo tras la falta de progreso en la reestructuración de cerca de US$11 mil millones de los US$18 mil millones en deuda de acreedores no asegurados. Detroit es observada de cerca en busca de claves sobre cómo una municipalidad endeudada puede recuperar su posición financiera.

La ciudad está cerca de sus límites reglamentarios de su capacidad de aplicar impuestos. Esa facultad se ha visto perjudicada por la caída en la población de la ciudad -que ha caído 60% desde los casi 2 millones a bajo 700 mil personas- lo cual llevó a una caída de 40% en los ingresos tributarios desde 2000. La ciudad ha tenido que endeudarse para cumplir su presupuesto operacional, el cual se ha recortado.

"Si no hacemos concesiones, vamos apretar el gatillo y no estamos llegando a las concesiones al ritmo necesario", planteó Kevyn Orr, quien fue nombrado superintendente de Detroit en marzo.

Sin embargo, no está claro cuán extensos serán los efectos de la declaración de quiebra de Detroit.

Matthew Cullen, presidente y director ejecutivo de Rock Ventures, que ha gastado más de US$1.000 millones comprando propiedades en el centro de Detroit, dijo que la ciudad había estado "estructuralmente quebrada por un largo tiempo. Ahora ya no estamos en negación".

Orr fue nombrado en el puesto por el gobernador de Michigan. Su misión es poner las negociaciones en un nivel más técnico y menos político. Pero dado que algunos de los acreedores, especialmente los sindicatos cuyos beneficios de salud y de pensiones que se están reestructurando, también son votantes de la ciudad, el proceso es inherentemente político.

Los acreedores no asegurados han resistido los esfuerzos de Orr por tratar a todos los acreedores de igual forma, lo cual llevaría a grandes reducciones en el valor de sus solicitudes.

Los tenedores de los llamados bonos generales insisten que sus solicitudes son respaldadas por las facultades tributarias de la ciudad, mientras los tenedores de fondos de pensiones creen que sus derechos están protegidos constitucionalmente y debieran tener prioridad.

La declaración de quiebra también podría golpear el modelo de negocios de las empresas que entregan seguros a los bonos municipales. "Si los emisores salen a pedir una reestructuración, esto llevará a cuestionamientos acerca de la viabilidad de las aseguradoras", declara un acreedor.

Las últimas cinco ofertas de deuda de Detroit se hicieron de manera asegurada, sugiriendo que los inversionistas estaban nerviosos de las finanzas de la ciudad, según un funcionario estatal.

Mientras, las emisiones que no estaban aseguradas con colateral o con compromisos de ingresos tenían un cupón relativamente generoso, sugiriendo que los bonos eran más riesgosos que aquellos de otras municipalidades

Algunos analistas planean que a Detroit no se le debió permitir hacer aumentos de capital de los mercados. "Nadie hizo un análisis crediticio real; los inversionistas permitieron el mal comportamiento de Detroit", dice una persona involucrada en las negociaciones. "Si los mercados se negaban a ser prestando, Detroit se habría visto forzado a lidiar con estos problemas mucho antes".