Los diputados comunistas Daniel Núñez y Hugo Gutiérrez solicitaron la remoción del fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez de la investigación del caso SQM a raíz de su decisión de solicitar la suspensión condicional de la minera no metálica dentro de la causa, determinación que reveló la semana pasada.
Para eso, Gutiérrez explicó que buscarán hacer valer una facultad parlamentaria de solicitar al pleno de la Corte Suprema la remoción del persecutor por "negligencia grave en el ejercicio de sus funciones " para lo cual se necesitan las firmas de al menos diez legisladores.
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"Creemos que el fiscal Gómez ha incurrido en esta causal cuando decide, habiendo instrucciones claras y perentorias de la Fiscalía Nacional, suspender el procedimiento contra la empresa SQM", expresó el parlamentario.
Aseguró que varios parlamentarios solicitaron estudiar esta posibilidad, por lo que espera tener las firmas necesarias para hacer la petición entre esta semana y la próxima.
Agregó que la firma, "es una empresa corruptora, porque corrompió toda la política chilena de manera transversal, y hoy (...) se le pone una lápida de impunidad a SQM para que posteriormente pueda celebrar todos los negocios que estime conveniente, incluidos estos que está firmando con la Corfo y que le va a permitir que no corra el riesgo que se le suspenda la persona jurídica o que se le suspendan los contratos".
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Para el diputado, "el fiscal Gómez está acompañando una decisión de Corfo de blanquear a SQM y eso nos parece que es altamente incorrecto".
Por otro lado, y sobre este entendimiento entre el organismo estatal y SQM, el parlamentario Daniel Núñez enfatizó en la falta de transparencia en que ha incurrido el acuerdo entre las partes, y que buscarán llegar a instancias formales para que este no se materialice.
"Hasta ahora el acuerdo es secreto, nadie ha tenido acceso públicamente a este acuerdo que hizo Corfo con SQM", dijo Núñez, y agregó que "este acuerdo es altamente lesivo para el interés nacional, legitima la corrupción, impide cualquier posibilidad de tener una empresa estatal que explote el litio hasta el año 2030".
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Núñez agregó que "nosotros queremos que este acuerdo no se materialice, que hayan instancias formales, tiene que pronunciarse la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la Contraloría, y por supuesto nosotros pensamos que está la posibilidad de interponer recursos de protección directamente ante la justicia, impugnando este acuerdo".
Sobre eso, el parlamentario criticó duramente al vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran por posibilitar la explotación del litio para el sector privado en desmedro de empresas estatales.
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"Esta es la peor manera de actuar. Si Bitran quería pasar a la historia del país, va a pasar a la historia como el que desnacionalizó y privatizó el litio por décadas, y no vamos a ser parte de esa situación tan grave", recalcó.
