Las aguas se siguen moviendo en el Caso Cascada. Los diputados DC Ricardo Rincón y Gabriel Sílber solicitaron ayer, mediante un oficio de fiscalización a la Superintendente de Valores y Seguros (SVS), que la entidad revele el fideicomiso del Presidente Sebastián Piñera.

Esto, a la luz de las acusaciones que ha hecho la defensa del controlador de la cascada sobre SQM, Julio Ponce, relativas al conflicto de interés que tendría la SVS al tener el mandatario inversiones en estas sociedades, lo que justificaría, según han sostenido, una supuesta parcialidad del regulador en relación al caso.

En noviembre, el diputado DC Roberto León solicitó a la SVS que proporcione copias de los contratos del fideicomiso, además de antecedentes relativos a las acciones de las sociedades cascada que mantendría Bancard y Santa Cecilia (sociedades de Piñera). El regulador respondió al requerimiento, pero explicó que "los documentos que se adjuntan (contratos y sus respectivas modificaciones) no fueron acompañados por las corredoras de bolsa con  sus respectivos anexos, por lo que este organismo desconoce el tipo de valor entregado en administración, su cantidad y emisor".

El fideicomiso de Piñera fue mandatado a cuatro empresas de servicios financieros: Moneda, Celfin (hoy BTG Pactual), Bice Inversiones y LarrainVial. Sólo esta última remitió detalles del mandato, en el cual se revelan las inversiones que tiene el Presidente en Copec.

A la luz de la respuesta de la SVS, Rincón y Silber emitieron un oficio en el cual "demandamos que esa superintendencia requiera, con la urgencia que el caso amerita, a las corredoras de bolsa ya individualizadas los anexos de los contratos de fideicomiso ciego que deben contener el tipo de valor entregado en administración, su cantidad y emisor".

Afirman que la reserva sobre esta información "ha tenido como propósito desvincular a éste de negocios que son absolutamente incompatibles con el ejercicio de su cargo y ceder, como exige la dignidad del mismo, su administración", además impide conocer el verdadero patrimonio de la autoridad, con lo cual se incumple el deber de transparencia.