Cerca de 700.000 personas, que llegaron a vivir ilegalmente a Estados Unidos siendo menores de edad, serán protegidos por la justicia de ese país, evitando el riesgo de deportación, tal como lo pretendía el Presidente Donald Trump.
Sin dar mayores explicaciones sobre la decisión, los magistrados de la Corte Suprema optaron por negarse a la revisión de la apelación a un fallo de una corte federal, que detuvo la intención de Trump de poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), cuyos beneficiados son también conocidos como "dreamers" (soñadores).
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Este grupo de 700.000 adultos jóvenes actualmente tiene garantizada la protección ante la posibilidad de ser deportados, además de permisos de trabajo por dos años, que podrán ser renovados.
La Corte Suprema no explicó el razonamiento de su fallo, pero dijo que la apelación fue "negada sin prejuicios", lo que indica que mantendrá la mente abierta respecto a las cuestiones legales subyacentes que son consideradas por una instancia menor. También dijo que espera que la corte de apelaciones "proceda con rapidez para decidir sobre el caso", según consignó Reuters.
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Un total de 1,8 millones de personas es elegible para el programa, parte de los 11 millones de inmigrantes ilegales que viven en el país.
El Gobierno de Trump apeló un fallo del 9 de enero del juez de distrito William Alsup, quien sostuvo que el programa debe mantenerse activo mientras se resuelve el litigio.
En una decisión inusual, el Gobierno apeló directamente a la Corte Suprema en vez de presentarse antes frente a una corte federal de apelaciones.
