“Las multas de que somos objeto llegan a valores siderales que destruyen toda nuestra vida familiar y económica presente y futura, omitiendo que no somos empresarios ni personas de fortuna, como algunos de los otros sancionados”, afirman Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz, multados por la Superintendencia de Valores y Seguros como parte del Caso Cascada, con US$8,2 millones y US$4,1 millones, respectivamente.

La defensa de los ejecutivos presentó un recurso de reclamación ante la justicia en contra de la multa de la SVS, y se pide que se deje sin efecto.

El escrito fue presentado en primera persona, y los ejecutivos plantean duros cuestionamientos al actuar del regulador en el caso.

“Nuestras declaraciones ante la SVS fueron obtenidas mediante engaño, dándonos a entender que deponíamos como testigos, en circunstancias que más tarde se nos formularían cargos, tergiversando nuestras propias deposiciones. De esta forma, fuimos impedidos de ejercer los derechos inherentes a la condición de inculpados, al no informarnos que teníamos esa condición, lo que resulta inaceptable a la luz del derecho administrativo sancionador, que, como lo establece la doctrina y la jurisprudencia, se rige en esta materia por los principios propios del derecho penal”, dice el gerente general de LarrainVial Corredora de Bolsa, Manuel Bulnes, y el gerente de Distribución Institucional de la corredora, Felipe Errázuriz.

Al igual que Julio Ponce, los ejecutivos realizaron una comparación con las multas cursadas en el otro caso emblemático de la gestión de Fernando Coloma: “Por sí sola, la multa de UF100.000 impuesta al compareciente Felipe Errázuriz equivale aproximadamente a un 80% del total de aquellas que se impusieron a todos los sancionados por el denominado caso La Polar, incluyendo a personas que, aparentemente, obtuvieron beneficios económicos con motivo de los hechos asociados al mismo”, sostiene la demanda, que además califica la multa de “expropiatoria y contraria a la Constitución Política de la República”.

Asimismo, para desbaratar la tesis del “esquema concertado”, los ejecutivos afirman que el contacto con Leonidas Vial y Julio Ponce obedecía al relacionamiento normal entre una corredora y su cliente.

“Es natural que nosotros o cualquiera de los integrantes de la mesa de operaciones de acciones, donde trabajan más de 20 personas, contacten a don Leonidas Vial, quien no puede operar acciones por otra corredora”, afirman.

En cuanto a los contactos con Ponce, sostienen que “Manuel Bulnes sólo se comunicó con el controlador de SQM en muy reducidas oportunidades y en el contexto limitado de la relación institucional entre Larraín Vial y Soquimich”, mientras que “Felipe Errazuriz ni siquiera ha conocido o tenido la oportunidad de comunicarse por cualquier medio con Julio Ponce Lerou, lo que descarta en términos absolutos cualquier vinculo personal con éste último, lo cual sería un requisito lógico para considerarse partícipe en un supuesto esquema”, postula el escrito de ambos ejecutivos.

Adicionalmente, la defensa de los ejecutivos sostiene que el regulador no ponderó la prueba rendida por la defensa, que los hechos investigados caducaron civilmente y que la cabeza de la SVS actuó influenciado por presiones mediáticas en el caso.

Además de Bulnes y Errázuriz, el socio de la corredora, Leonidas Vial, y el gerente de Norte Grande, Aldo Motta, también recurrieron a la justicia con el fin de solicitar la revocación de sus multas por US$20,4 millones y US$24,2 millones, respectivamente.