“No he tenido ninguna relación laboral ni comercial con esas compañías, solamente y ocasionalmente prestaciones como abogado a nivel de consultas de distintos tópicos con la SVS. Por otro lado, sí he tenido y tengo acciones de dichas compañías”. Esa es la respuesta de Roberto Guzmán a las consultas de la Superintendencia de Valores respecto de si prestó algún tipo de servicios y/o mantiene o mantuvo algún tipo de relación, ya sea comercial, laboral, de propiedad u otra con Norte Grande, Oro Blanco, Calichera y Potasios desde 2008 a la fecha.

Sin embargo, en el expediente liberado esta semana por la SVS, existe una carta enviada por los accionistas Felipe Gumucio, Jaime Carafi y Juan Pablo Vial dirigida al presidente de Oro Blanco, Roberto Guzmán L.

En la misiva, que data de agosto del año 2000, indican que “un grupo de accionistas minoritarios queremos hacerle presente nuestra profunda preocupación por la importante pérdida patrimonial que representa para todos los accionistas, el hecho de tener que suscribir acciones de Oro Blanco a un precio actualizado de $1,57 por acción, esto es un 65% superior al precio actual de mercado de $0,95”.

“Los directores y la administración de una sociedad anónima son elegidos para velar por los intereses de todos los accionistas, cosa que no se estaría cumpliendo a juzgar por el importante daño patrimonial (40% de la inversión total) que se estaría originando en las condiciones actuales de suscripción de acciones”, continúa la carta dirigida a Guzmán.

La Superintendencia de Valores y Seguros, multó a Roberto Guzmán Lyon, en el marco del caso Cascada, por US$22,5 millones, por infracción al artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, que establece la prohibición de efectuar transacciones o inducir, o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento; y por infracción al inciso primero del artículo 52 de la Ley de Mercado de Valores, en cuanto establece que es contrario a la ley efectuar transacciones en valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios.