A fines de diciembre, los cuatro hijos del matrimonio Luchsinger Mackay -asesinado en Vilcún en enero 2013 en medio del conflicto indígena- interpusieron una demanda de indemnización por perjuicios en contra del fisco por la responsabilidad que le cabría a este en la muerte de sus padres. En la demanda se sostiene que el daño alegado proviene de la creación de un riesgo grave y permanente generado por el Estado, en un territorio en que no se garantiza el orden institucional. Pese a lo dramático de este caso, cuesta dimensionar desde la capital la situación que afecta el día a día de las personas que habitan en las zonas más golpeadas por el conflicto indígena. Los atentados que han sufrido muchas familias revelan la situación de peligro constante en que se vive. Ninguna muerte es más valiosa que otra, por lo que son lamentables las consecuencias en vidas humanas que ha tenido este tema. Sin embargo, más allá de lo que se les pueda exigir a las autoridades de turno, esta es una materia en que los distintos gobiernos a lo largo de los años han fallado. Un problema donde ninguna administración ha querido pagar el costo de lo que realmente implicaría poner fin a este conflicto. Los habitantes de la zona -“chilenos” y mapuches- quieren vivir en paz, una tarea que de manera responsable debe asegurar el Estado de Chile y que ha tardado demasiado.
