La fecha para el día del juicio final para Alemania sobre el fondo de rescate de la eurozona por €500 mil millones ya está arreglada. El 12 de septiembre, ocho jueces de toga color escarlata se presentarán solemnemente en la sala de la corte en la ciudad de Karlsruhe y anunciarán su destino.
Será un momento crucial, no sólo en la lucha por sostener al euro y estabilizar a las economías en una crisis que ha durado tres años. También podría definir la relación entre Alemania y el resto de sus pares en Europa por el futuro previsible.
En vista de ello, los jueces en el Tribunal constitucional federal decidirán si emitir un mandato para retrasar el establecimiento del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) mientras ponderan su legalidad, según la Constitución. Tienen que hacer lo mismo con el pacto de estabilidad fiscal de la eurozona, el tratado paralelo acordado en enero que determina leyes presupuestarias estrictas para los miembros de la moneda común.
Los cinco hombres y tres mujeres en Karlsruhe podrían estar sellando el destino del euro. El MEDE no puede llegar a existir a menos (y hasta) que Alemania, su principal financista, ratifique el tratado.
Incluso si los jueces dan luz verde, cualquier condición que impongan podría generar tensiones sobre la integración europea. “Si matan el MEDE, al día siguiente el euro desaparece”, plantea Arnim von Bogdandy, director del Instituto de Derecho Comparativo de Heidelberg.
Los desafiantes (que incluyen el partido de extrema izquierda, el único en el Bundestag que votará contra los dos tratados en cuestión; y 35 mil ciudadanos que apoyan el Movimiento Más Democracia), argumentan que el MEDE -y el pacto fiscal- son instrumentos que perjudicarán la soberanía del Bundestag, el parlamento nacional, transferirá poderes a Bruselas sin control democrático y expondrá a la nación a costos futuros incalculables.
Los jueces han tomado una serie de decisiones recientemente contra la canciller alemana Angela Merkel en temas desde la gestión de la crisis de la eurozona al tratamiento de quienes buscan asilo. La pregunta en esta ocasión es cuán lejos irán para atar las manos del gobierno y del Parlamento -que en julio aprobó los tratados con una mayoría de dos tercios- sobre la “unión fiscal”.
Merkel y su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, respaldados por la gobernante Unión Demócrata Cristiana y los Socialdemócratas, dicen que sólo una unión fiscal puede estabilizar la unión monetaria en el largo plazo.
Algunos expertos legales creen que el tribunal podría usar esta oportunidad para sugerir un referéndum nacional antes de que tales poderes, como la soberanía presupuestaria, se transfieran a instituciones de la UE.
Hasta ahora, la idea de tal referéndum ha sido la maldición del establishment político. El temor ha sido que perjudique la democracia parlamentaria, como hicieron los nazis durante los ’30.
Karlsruhe tiene una historia de defender los derechos de los individuos -por ejemplo, sobre protección de datos o un mínimo estándar de vida. “Dan una voz a las partes de la población que no tienen influencia”, plantea von Bogdandy. “El tribunal tiene gran reputación”.
Por eso políticos y observadores no quieren criticarlo. En Bruselas y otras capitales europeas, los funcionarios que negocian con Alemania siempre se preguntan por su extraordinaria influencia. Algunos sospechan que es usado por Merkel y sus ministros como una excusa para no hacer concesiones -por ejemplo, sobre aceptar la introducción de eurobonos como un instrumento conjunto.
Schäuble se ha atrevido a hablar sobre la idea de un plebiscito para abrir el camino a más integración. Todos los partidos principales son pro- eurozona, pero a medida que se acercan las elecciones generales de septiembre de 2013, el tema probablemente será más dividido.
Al poner a prueba la constitucionalidad del MEDE y del pacto fiscal, los jueces de Karlsruhe deben poner en la balanza el compromiso a una “Europa unida”. Pero una cosa es segura. No quieren una revolución.
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