Hace 40 años, las empresas estatales representaban el 40% del PIB. Hoy descontando a Codelco, el aporte de las empresas públicas a la economía chilena es marginal.

Si en la época de la Unidad Popular se intentó una revolución a la chilena, en la dictadura se llevó a cabo el traspaso de activos públicos al sector privado, también a la chilena. "Fue novedoso, profundo, llamativo, sorprendente, aunque no estuvo exento de tropiezos y defectos", afirmó el fallecido economista y fundador de la facultad de Economía de la UC, Dominique Hachette, en su estudio "Privatizaciones: Reforma estructural pero inconclusa".

En la vorágine del gobierno de Salvador Allende se expropiaron más de 500 de empresas, casi todas las textiles, 18 instituciones financieras y más de 325 industriales. Pero al revés de lo originalmente planificado, muchas de estas empresas se convirtieron en una pesada mochila para el Estado, profundizando déficit fiscal debido a las transferencias que el gobierno central debía efectuarle para su supervivencia.

En 1973, el 85% de la minería, el 40% de la industria, el 100% de los servicios públicos, el 70% del transporte y de las comunicaciones y 85% del sector financiero llegó a ser controlado por empresas públicas.

Un panorama diametralmente distinto al que existe hoy.

Porque de un proceso nacionalizador se pasó a todo lo contrario. Y a pesar de que no todas las empresas del Estado eran ineficientes, -había varias que eran muy rentables- vino la privatización, con el fundamento de que el sector privado puede ser más eficiente en la distribución de los recursos. Fábricas de botones, financieras, empresas de servicios públicos como luz, agua y telecomunicaciones. Todo era un objetivo de posible enajenación.

Los objetivos eran claros: reducir la intervención del Estado y aminorar la carga fiscal que se había arrastrado de administraciones anteriores.

En una primera etapa, entre 1974 y 1983, se realizó la devolución gratuita de activos que habían sido tomados durante el gobierno de Allende y una privatización de servicios sociales. En tan sólo un año 325 empresas fueron devueltas gratuitamente, con la condición de que no iniciaran acciones judiciales en contra del Estado.

Según destaca el estudio de Hachette: "El valor libro, a precios de hoy, representó aproximadamente US$1.000 millones" y agrega que en los años siguientes "se hizo un traspaso oneroso de empresas al sector privado de 207 instituciones financieras, industrias, distribuidoras mayoristas y otras empresas adquiridas por el sector público. El ingreso obtenido representó un promedio anual de 0,7% del PIB y de 3% de los ingresos fiscales".

Otra reforma de esa época fue el sistema de pensiones, creando el modelo de capitalización individual, manejado por las administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El Estado finalmente se desprendió de empresas como CTC, Endesa, Entel, CAP, Schwager, LAN, Soquimich, entre otras. Sin embargo en los últimos años de los 80 el proceso privatizador fue más complejo. Un factor determinante fue la crisis del 1982. Un número importante de empresas fueron intervenidas por el Estado, sea porque estaban técnicamente quebradas o porque estaban en muy mala situación financiera y se las consideraba demasiado importantes como para dejarlas quebrar o porque se hallaban relacionadas con instituciones financieras de dificultad.

El informe de Hachette destaca que por la crisis fue intervenido el 60% del patrimonio de la banca privada, el 68% de los fondos de pensiones y empresas relacionadas con bancos. Fue así como algunas compañías debieron ser reprivatizadas. Mientras las más productivas fueron licitadas a interesados nacionales y extranjeros (con el objetivo de esparcir lo más posible la propiedad), para las demás se utilizó el método del "capitalismo popular", que permitía a las personas comprar acciones con sus fondos. En esta etapa las AFP desempeñaron un rol fundamental, ya que se les dio la posibilidad de comprar acciones de las empresas que estaban siendo privatizadas. A esta altura el peso de las empresas del sector público se había reducido desde 17,7% del PIB en 1985 a 12,7% en 1989.

Con la llegada de la democracia se puso un freno a las tradicionales formas de privatización y a los planes que se tenían para las empresa sanitarias y eléctricas. Se creó un nuevo marco regulador, que establecía por ejemplo que el Estado podía vender hasta el 65% del patrimonio de las sanitarias y que transparentaba el sistema de tarifas. Tras esta modificación se continúo con el proceso de privatización para el sector eléctrico, como ocurrió con Colbún. Mientras que las sanitarias se avanzó en esa dirección lo que concluyó recién durante el gobierno de Sebastián Piñera, donde se traspasaron los remanentes de acciones que Corfo poseía en Esval, Essbío y Aguas Andinas.